Por: Guillermo Alvarado

Transcurrieron cinco años desde que en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 fueron secuestrados y desaparecidos 43 estudiantes de una escuela formadora de maestros de Ayotzinapa, municipio del estado mexicano de Guerrero, sin que sus familiares sepan aún qué pasó y dónde están estos jóvenes.

El múltiple crimen, cometido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se convirtió en un emblema de cómo funcionan, o más bien cómo no funcionan las estructuras de investigación y justicia en ese país latinoamericano, donde la verdad se ha estrellado contra una muralla de impunidad y mentiras.

Los estudiantes decidieron hacer una protesta en la vecina ciudad de Iguala para exigir mejores condiciones en el proceso docente y ocuparon varios autobuses para trasladarse durante esa noche.

En las afueras de Iguala fueron detenidos por policías municipales luego de un confuso enfrentamiento en que murieron varias personas. Después presuntamente fueron entregados a una banda del crimen organizado que los habría ejecutado y borrado las huellas.

La Procuraduría General de la República respaldó lo que llamó la “verdad histórica” de que fueron asesinados y sus cuerpos reducidos a cenizas en un basurero y estas lanzadas a un río, lo que hizo desaparecer toda la evidencia, una versión que no resiste el menor análisis científico, pero que sin embargo algunos funcionarios insisten en mantener.

Durante un lustro, en lugar de profundizar en las indagaciones ha ocurrido todo lo contrario y a la fecha casi la mitad de los que fueron capturados por este asesinato colectivo ya fueron puestos en libertad, para consternación de padres y amigos que mantienen la exigencia de que “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

A principios de este mes un juez desestimó 60 pruebas contra uno de los principales acusados por el caso, Gildardo López Astudillo, y decidió sacarlo de la cárcel. Este sujeto habría sido el enlace entre la policía y el cartel del narcotráfico llamado Guerreros Unidos para perpetrar el secuestro y asesinato de los estudiantes.

El actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que una de sus prioridades es resolver el crimen y para ello dispuso que se investigue al antiguo Procurador General, Jesús Murillo Karam, y dos de sus colaboradores.

Además creó en diciembre de 2018 una comisión de la verdad, que supla la inexistencia en ese país de una fiscalía independiente.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, una de las víctimas, reclamó que se aclaren varias aristas del caso, entre ellas cuál fue la presunta intervención del ejército en la detención de los jóvenes; por qué algunos policías tenían en su poder los teléfonos móviles de los estudiantes varios días después de su desaparición y hasta donde participó el crimen organizado en estos tristes eventos.

Mientras tanto hay 43 familias que siguen esperando respuestas, con la incertidumbre de saber cuál fue el destino de sus hijos y, si acaso murieron, sin poder cerrar el ciclo del duelo lo que acrecienta de manera cruel el sufrimiento.