Por: Guillermo Alvarado

La decisión del presidente de Perú, Martín Vizcarra, de cesar en sus funciones al Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias el año próximo parece consolidarse, si bien está lejos de resolverse la crisis política, ni los males de fondo que la provocaron, el neoliberalismo y la corrupción.

Esta es la segunda ocasión en que un presidente ordena el cierre del recinto legislativo, luego de que en abril de 1992 Alberto Fujimori adoptó igual medida y asumió poderes casi absolutos con el apoyo del ejército.

En aquel momento se redactó una nueva Constitución, vigente hasta hoy, donde se sentaron las bases para la aplicación de políticas neoliberales y se abrieron las puertas a la privatización de todo cuanto fuese posible.

Como se sabe, el neoliberalismo suele ir acompañado por un hermano gemelo, la corrupción y una prueba de ello es que todos los presidentes que ha habido desde Fujimori están presos o acusados de robar recursos públicos y recibir sobornos de empresarios.

Son ellos Alejandro Toledo, de 2001 a 2006; el difunto Alan García, quien tuvo dos mandatos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011; Ollanta Humala, de 2011 a 2016; y Pedro Pablo Kuczynski, de 2016 a marzo de 2018, cuando fue separado del cargo y asumió Vizcarra.

Si bien la corrupción y la defensa de la democracia son los argumentos que utilizó el presidente para disolver el Congreso, en realidad se trata de una lucha de poderes entre sectores de la derecha neoliberal, es decir su partido, Peruanos por el Kambio, y los opositores de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y otros antiguos aliados de Alan García.

Keiko perdió las elecciones presidenciales de 2016 ante Kuczynski, pero su agrupación logró el poder en el organismo legislativo y desde allí entorpece el trabajo del ejecutivo.

Además estaba a punto de controlar el Tribunal Constitucional, máximo órgano de justicia del país y un sitio estratégico para garantizar impunidad a sus partidarios y a ella misma, acusados de corrupción.

La apuesta de Vizcarra es convocar a nuevas elecciones para diputados, donde ninguno de los actuales podría presentarse como candidato y cambiar las reglas para la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Ni el neoliberalismo, ni la creciente pobreza de la población están en la agenda de estas pugnas, por lo que es previsible que la situación siga igual que siempre.

Es verdad que Perú ha tenido en los últimos años una alta tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero el Estado apenas participa en un 7 por ciento de esa bonanza y el resto de la riqueza se la apropian las grandes empresas, en particular las transnacionales que han recibido jugosas concesiones en todos los sectores de la economía. Los pobres cada vez más pobres, y los empresarios cada día más ricos, pero eso no está en el centro de la crisis.