Por: Guillermo Alvarado

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien sobrevivió a intensas jornadas de protesta por la burda maniobra que hizo para lograr su reelección, está de nuevo en serios problemas tras la acusación de un fiscal estadounidense sobre que habría recibido sobornos de mafias del narcotráfico.

Si bien la Constitución del país centroamericano prohíbe explícitamente la reelección presidencial, el gobernante se las arregló para torcer lo suficiente las leyes y lograr presentarse como candidato en una votaciones cuyos resultados fueron denunciados como fraudulentos.

Recordemos que hace diez años, cuando el presidente Manuel Zelaya intentó introducir la reelección en la Carta Magna hondureña, los militares le dieron un golpe de Estado, pero la diferencia estriba en que éste se inclinaba por fortalecer los mecanismos de integración y diálogo regional, mientras Hernández es un aliado incondicional del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Esto no impidió, sin embargo, que su hermano menor y ex diputado, Juan Antonio, Tony, Hernández, fuese detenido en Miami el año pasado por serios cargos de conspiración para introducir drogas en Estados Unidos por medio de una red de funcionarios hondureños corruptos, entre ellos militares, alcaldes y policías.

El juicio comenzó hace unos días en un tribunal de Nueva York y en las primeras sesiones el fiscal Jason Richman aseguró que el gobernante no sólo protegió a su hermano, sino que recibió dinero del narcotráfico para financiar sus campañas electorales.

No se trata de una acusación formal contra el jefe de Estado centroamericano, pero Richman dijo que se propone demostrar la verdad de sus afirmaciones por medio de la presentación de varios testigos.

Uno de ellos es el narcotraficante preso en Estados Unidos, Víctor Hugo Díaz Morales, quien en 2005 habría entregado a Juan Orlando Hernández 40 mil dólares para contribuir a su campaña, en ese momento como diputado.

El gobierno de Honduras negó cualquier responsabilidad del presidente con estos hechos y afirmó que se trata de una venganza del crimen organizado contra una administración que, según un comunicado, ha luchado contra la corrupción y el tráfico de estupefacientes.

Lo cierto es que se trata de un hondo problema para el presidente Hernández, en un país donde la población sufre los efectos de la privatización de empresas y servicios públicos y el otorgamiento de generosas concesiones a transnacionales que destruyen el medio ambiente.

Honduras es un país muy peligroso para los defensores de la naturaleza, los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, los periodistas y cualquiera que se atreva a enfrentar a los sectores económicamente poderosos.