Por María Josefina Arce

En un giro de 180 grados el presidente Sebastián Piñera dijo que está dispuesto a propiciar cambios en la constitución, heredada de la sangrienta dictadura del general Augusto Pinochet y que ha llevado a las profundas desigualdades que vive Chile.

Luego de 24 días de protestas pacíficas, pero brutalmente reprimidas por la policía, una mayoría de las encuestas coinciden en que el apoyo popular al movimiento conocido en las redes sociales como Chile Despertó supera el 75%, mientras un número similar pide una nueva Constitución.

La realidad es que lo que comenzó como una protesta por el alza del pasaje del metro en Santiago, la capital, destapó la caja de Pandora y afloraron todas las insatisfacciones de los chilenos por un modelo económico de amplia apertura al mercado y de una gran desigualdad en la distribución de la riqueza y el acceso a oportunidades.

El reclamo de una nueva Carta Magna, junto a la de la renuncia del presidente, centraron entonces los más de 20 días de manifestaciones en la nación austral, que comenzó esta semana con una huelga general del sector educacional y numerosas personas protestando frente a La Moneda, sede del gobierno.

La huelga antecedió a la paralización de las labores este martes de los sectores de puertos, minería, construcción, industria, comercio, servicios financieros, salud y agricultura.

La desmedida represión, que recordó a los días de la dictadura militar, no ha logrado intimidar a los chilenos que se han mantenido en las calles reclamando sus derechos.

Ante la crisis política y social, el gobierno decidió empezar un proceso para una nueva Constitución a través de un 'Congreso Constituyente'. Lo que no ha quedado claro cuál o cómo será la participación de la ciudadania, pues hasta ahora solo se han mantenido contactos con partidos políticos de la derecha.

Aunque el anuncio despertó optimismo en algunos, la mayoría ve con recelo la propuesta gubernamental, pues opinan que el gobierno seguramente buscará que sean congresistas, los que participen activamente en el debate de la nueva Constitución.

Por demás recuerdan que a poco de asumir la presidencia, en marzo de 2018, Piñera anunció que no permitiría avanzar un proyecto de ley que su predecesora, la socialista Michelle Bachelet había enviado al Congreso para modificar la Constitución.

El proyecto consagraba la inviolabilidad de los derechos humanos, el derecho a la salud y educación, y la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Pero al gobierno de Piñera se le ha ido la situación de las manos, incluso ha tenido que reconocer la represión de las protestas, aunque en ningún momento se ha referido a la existencia de graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos durante los sucesos.

De acuerdo con las informaciones, los muertos suman más de 20 y los heridos rebasan la cifra de 2500, cientos de ellos por perdigones que les han provocado graves lesiones oculares.

No obstante, los chilenos resisten y se mantienen reclamando un cambio profundo del país, con mayores y mejores oportunidades para todos los ciudadanos y no para unos pocos.