Por: Roberto Morejón

Las fuerzas armadas de Bolivia reprimen junto a policías manifestaciones de protesta por el golpe de estado contra el presidente constitucional Evo Morales, en contraste con su mutismo anterior ante los desmanes de la extrema derecha.

Mientras los radicales seguidores del presidente del Comité Cívico de la oriental ciudad de Santa Cruz, Luis Camacho, incendiaban propiedades y avasallaban alcaldes, los altos mandos militares se mantuvieron al margen.

Es cierto que el entonces primer mandatario Evo Morales consideró no reclamar su presencia, pero llamó la atención que NI siquiera la institución castrense exhortara a los forajidos a deponer la barbarie.

Lo cierto es que la violencia de la beligerante derecha, los motines de la policía y la exigencia pública del comandante de las fuerzas armadas, Williams Kaliman Romero, obligaron al primer mandatario indígena a renunciar, alegando frenar un baño de sangre.

¿Cómo explican quienes cuestionan que lo ocurrido en Bolivia es un golpe de estado el hecho de que los uniformados “aconsejaran” hacerse a un lado a un presidente cuyo mandato concluiría en enero de 2020?

Hasta la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, adversaria a Evo, calzó el protagonismo de los militares, al demandarles apoyar a la policía en la contención de manifestantes.

Después del golpe de estado, las “apolíticas” fuerzas armadas de Bolivia persiguen hoy a los que califican de “vándalos”, pues tienen el poder.

Recuérdese que la fuerza aérea fue la que después de angustiosas solicitudes accedió a autorizar el despegue del avión mexicano que tenía a abordo a Evo desde Cochabamba.

Ahora las miradas de quienes llevan las riendas del país se dirigen críticamente hacia las demostraciones populares contra la asonada cívica-policíaca-militar.

Con la prensa boliviana ocultando la persecución al Movimiento al Socialismo, la situación en Bolivia recuerda el pasado de las dictaduras, no por casualidad de corte marcial.

Quienes niegan que la democracia fue truncada en Bolivia por militares y civiles fanáticos no podrán explicar su actitud ante la historia.

Aquellos opuestos a admitir que la derecha volteó en Bolivia un gobierno constitucional son los mismos que desde posiciones de supuestos jueces internacionales, la emprenden contra gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua.

Justificar a los golpistas o eludir condenarlos implica concordar con el racismo, del que hicieron gala los incondicionales de Camacho.

Los que callan sobre la ignominia en Bolivia acompañan a los autores de la revuelta en su apresto por llevar al país hacia un futuro incierto.