Por: Guillermo Alvarado
Señalaba en comentario anterior cómo el modelo ciento por ciento soberano de explotación y comercialización del litio, un recurso natural de elevado valor estratégico, fue uno de los factores desencadenantes del golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Evo Morales.
La irrupción de la nación sudamericana en el mercado internacional de este valioso elemento, vital para la industria automovilística moderna y las de computación y telefonía celular, causó gran malestar en Estados Unidos que busca acaparar y controlar su venta y consumo.
Para poner fin al proyecto del gobierno de Morales, que haría dar a Bolivia un extraordinario salto tecnológico e industrial, Washington contó con la complicidad del comité cívico de Potosí, departamento donde está ubicado el salar de Uyuni, principal depósito de litio en América del Sur.
Y salta aquí un nombre que se ha repetido muchas veces antes, durante y después de la asonada que puso fin al mejor gobierno que haya tenido jamás ese país, el de los socorridos “comités cívicos”, de los que poco se ha dicho sobre su origen, actividades y miembros y que pueden llamar a confusión a no pocas personas.
Se trata, en efecto, de un nombre engañoso, sobre todo por el término “cívico”, que hace pensar en una organización ciudadana, de participación abierta y popular, incluso democrática, y nada hay más alejado de la realidad porque se trata de consorcios exclusivos con influencia local y nacional.
Nacieron hace unos 70 años en regiones muy apartadas de la capital, la ciudad de La Paz, para responder a las necesidades de sectores poderosos ante la ausencia del Estado y sus instituciones, en particular de alcaldías departamentales.
Aunque aparentemente abiertos, en la práctica son formaciones cerradas de grandes empresarios, ganaderos, terratenientes, transportistas y hasta agrupaciones religiosas muy conservadoras. En ocasiones hay algún delegado sindical o académico, más por cuestión de forma que de fondo porque nada cuentan a la hora de tomar decisiones.
Curiosamente no están reconocidos en la Constitución, ni hay ninguna ley que los regule, pero su peso en la vida política y económica es incuestionable, y no solo a nivel regional, como se vio en las últimas semanas.
Gracias a su poder lograron que los gobiernos centrales les permitiesen apropiarse de las regalías que las corporaciones internacionales pagaban a cambio de explotar la riqueza del país, con el pretexto de usar esos fondos en planes de desarrollo local, que en realidad eran solo de beneficio para los más ricos y excluían a la población.
Al nacionalizarse los recursos naturales y cambia las reglas del juego con las transnacionales, las regalías desaparecieron, lo que motivó un profundo odio de estos comités hacia Evo Morales y su gobierno, que explica la brutal arremetida de las semanas previas y posteriores a su derrocamiento.
Por eso considero que de “cívico” ese movimiento no tuvo nada, aunque hay quienes insisten en utilizar ese término. Fue en realidad un golpe oligárquico-policíaco y militar, apoyado, financiado y aplaudido por Estados Unidos que buscó así eliminar a un actor en los mercados mundiales de recursos estratégicos cuyo ejemplo era peligroso, no solo en el continente, sino en todo el planeta.
