Por: Guillermo Alvarado
Numerosos sectores de la sociedad colombiana salieron a las calles para expresar su descontento con las políticas del presidente Iván Duque, así como su rechazo al clima de inseguridad que se vive en ese país donde la firma de la paz con un sector de la guerrilla no trajo tranquilidad ni reconciliación.
Campesinos, indígenas, estudiantes, sindicalistas, amas de casa y desempleados, entre otros, protagonizaron una jornada contra el ejecutivo como no se había visto en décadas en esa nación sudamericana.
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras urbes fueron paralizadas por las protestas, que también tuvieron lugar en otros países, entre ellos Francia, Argentina, Australia, Alemania, España y el Reino Unido.
Duque, cuyo índice de aprobación popular está por los suelos, apenas 15 por ciento en menos de año y medio de trabajo, se atrincheró en un puesto de mando junto a jefes militares y policiales, además de los ministros de Defensa e Interior, para esperar el paro nacional y mandó a cerrar las fronteras del país.
La jornada transcurrió en relativa calma, salvo lamentables incidentes, como la golpiza que la policía propinó a una joven mujer en la capital hasta dejarla inconsciente, entre otros abusos cometidos por las fuerzas del orden.
Además, días antes del paro se produjeron allanamientos en sedes de organizaciones sociales, sindicatos, centros culturales y medios de comunicación alternativos.
Entre las razones de las protestas figura un paquete de medidas económicas de corte neoliberal que prepara el ejecutivo.
Eliminar los fondos de pensiones, aumentar la edad de jubilación y disminuir los salarios de los jóvenes hasta situarlos por debajo del sueldo mínimo, son algunas de las propuestas del gobierno de Duque.
Jóvenes y estudiantes pidieron mayor inversión pública en este sector, en particular en las universidades, y también reclamaron que se investigue y se haga justicia por la brutalidad policial contra recientes manifestaciones.
Indígenas, campesinos, defensores del medio ambiente y de los derechos de comunidades rurales exigieron el cese de los sistemáticos asesinatos de sus dirigentes, una práctica que ha sido calificada como un genocidio cuidadosamente planificado y ejecutado.
De acuerdo con organizaciones humanitarias, a cada 72 horas ejecutan a un líder indígena, ante la indiferencia o la incapacidad del Estado para frenar estos crímenes.
Esta es una situación vinculada con el incumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y las ex insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy convertidas en partido político.
Todavía está pendiente de aplicar un programa de erradicación de cultivos ilícitos y sustituirlos por proyectos de desarrollo; combatir a las mafias del narcotráfico y otros grupos armados irregulares que atemorizan a la población y eliminar la corrupción que carcome a las instituciones públicas.
Organizadores de las protestas advirtieron que el paro se convocó por 24 horas, pero si el gobierno de Iván Duque no responde a las exigencias de la población podría decretarse por tiempo indefinido, lo que pondría contra la pared al presidente que va camino a ser uno de los más impopulares de esa nación.
