Por Orlando Oramas León

El año que termina fue el de una escalada inédita en el reforzamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que por casi seis décadas ejerce Estados Unidos contra Cuba.

Ha sido un período en el que Washington se esmeró al detalle en hacer el mayor daño posible a la isla, en particular hacerle la vida difícil a la población en el propósito de provocar el desaliento y que los ciudadanos culpen a su gobierno por las privaciones derivadas del bloqueo.

En mayo el presidente estadounidense Donald Trump decidió la activación del capítulo III de la Ley Helms-Burton, con lo que se iniciaron reclamos en cortes de justicia norteamericanas contra empresas cubanas y de terceros países acusadas de 'traficar' con propiedades de EE.UU.

Fue una de las acciones destinadas a desalentar la inversión extranjera y ahogar con ello a la economía de la mayor isla de las Antillas, necesitada de la participación internacional para despegar económicamente y echar adelante importantes programas de desarrollo.

En junio, la Casa Blanca prohibió los viajes turísticos y las travesías de cruceros, yates y aeronaves privadas a la isla, una estocada directa al turismo, uno de los principales motores económicos y fuente de divisas para Cuba.

El ministro de Turismo, Manuel Marrero, reconoció que con ello los puertos cubanos dejaron de recibir más de medio millón de cruceristas.

Las terminales de cruceros cubanas quedaron vacías, gracias a un paquete que restringió también los viajes culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano (conocidos como people to people, y dispuso afectaciones a los servicios de transporte, remesas, banca, negocios de comercio, entre otras disposiciones.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció con ello cambios en el Reglamento de Control de Activos Cubanos, al considerar que 'Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el Hemisferio Occidental'.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, justificó la arremetida con el argumento de que Cuba 'está 'proporcionando un punto de apoyo comunista en la región y apoyando a los adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua al fomentar la inestabilidad'.

Tal hostilidad se corresponde con la puesta en marcha del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional signado por el presidente Donald Trump el 16 de junio de 2017 y titulado Fortalecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba.

A ello se suma la lista negra que incluye a más de 200 empresas cubanas a las que la Casa Blanca, de manera unilateral, impide hacer transacciones con firmas de otras naciones.

Junto a todo ello resultan millonarias las multas aplicadas por EE.UU. a bancos y empresas extranjeras, en su mayor parte europeas, por sus operaciones con Cuba, a despecho de que son compañías de países aliados de Washington.

El Gobierno de Donald Trump dice actuar en favor de la democracia en Cuba y de su pueblo, pero sus acciones van dirigidas de manera particular contra la población cubana, incluido el sector emergente de la economía no estatal o por cuenta propia, como le llaman acá.

También se lanzó contra el sector académico y las universidades, los centros de investigación científica, las iglesias y otros sectores a los que interpuso un muro para impedir los contactos con sus contrapartes estadounidenses.

En septiembre y parte de octubre la ínsula caribeña sufrió lo que el presidente Miguel Díaz-Canel definió como como coyuntura energética.

Cuba padeció desabastecimiento de combustible al romperse el ciclo normal de arribo de tanqueros en esa fecha.

La administración Trump no escondió sus castigos, amenazas y presiones a navieras y empresas aseguradoras.

En esa línea, la Casa Blanca aplicó castigos a las empresas cubanas Cubametales y Corporación Panamericana S.A, por sus compras de combustible. El plan era, y sigue siendo, apagar a Cuba.

El gobierno caribeño, en sus diversos niveles, y con la activa participación de la población, adoptó medidas de ahorro y otras reorganizativas que mantuvieron funcionando al país y en particular los servicios básicos, pero los daños económicos, innegables, faltan por ser divulgados

Lo que sí se sabe es cuánto le costó el bloqueo a Cuba desde abril de 2018 hasta marzo de 2019. En ese lapso las perdidas cubanas sumaron cuatro mil 343,6 millones de dólares.

Así lo consignó un informe oficial presentado por La Habana a la Asamblea General de Naciones Unidas, que adoptó, por abrumadora mayoría, una resolución que pidió por vigésimo octava ocasión consecutiva el cese del cerco a Cuba.

Cuando finalice diciembre, los daños causados por la guerra económica que aplica desde hace casi 60 años Estados Unidos contra Cuba habrán superado los 138 mil 843,4 millones de dólares, lo cual explica que se trata del bloqueo más largo y cruento de la historia. (Tomado de PL)