Por María Josefina Arce.

Faltan diez días para que arranque en Chile la campaña por el plebiscito constitucional y ya es más que evidente la fuerte división existente en la sociedad respecto a esta importante consulta, que tendrá lugar el venidero 26 de abril.

Las manifestaciones del último fin de semana en Chile a favor y en contra de una nueva constitución así lo confirmaron. Partidarios de una u otra opción chocaron en Santiago, la capital, y nuevamente los carros lanza agua y de gas lacrimógeno fueron empleados por los carabineros para dispersar a los manifestantes.

El tema ha puesto de manifiesto una vez más como en la sociedad chilena, aunque resulte incomprensible, todavía hay bastantes partidarios de la sangrienta dictadura del general Augusto Pinochet.

Los sectores más reaccionarios, los que apoyaron la dictadura militar y cerraron los ojos ante los crímenes de lesa humanidad, se niegan a perder sus prebendas y apuestan por un país desigual y sin derechos para todos.

Son quienes pretenden borrar las más de 40 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos, de un régimen que no solo instauró en la nación austral el terror y la impunidad, sino que colaboró con otras dictaduras latinoamericanas y con Estados Unidos para lleva a cabo el conocido Plan Cóndor, de exterminio de los opositores.

Esos fueron los años más oscuros de la historia de Chile y pretender perpetuar una Carta Magna, heredada de esa época y que no refleja las aspiraciones de todos es una clara negativa a un cambio necesario.

Chile mantiene mecanismos e instrumentos de la dictadura pinochetista que no permiten comenzar a construir de verdad un nuevo país y dejar atrás esa etapa, aunque la memoria histórica siempre perdurará.

A esta consulta, que hoy centra el panorama de Chile, se vio obligado a ceder el gobierno derechista de Sebastián Piñera, en un intento por poner coto a la crisis política y social que vive el país desde octubre pasado cuando estallaron fuertes protestas que aunque con menos frecuencia, aún se mantienen.

Más de 14 millones de chilenos podrán pronunciarse en contra o a favor de eliminar por fin esa constitución, que favorece las privatizaciones de servicios básicos como la salud, la educación y las jubilaciones y ha vuelto a Chile un país de grandes desigualdades sociales.