Por María Josefina Arce
La llegada en enero de 2017 a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump significó un recrudecimiento del bloqueo contra Cuba y en especial de su carácter extraterriorial, con la persecución y aplicación de sanciones a instituciones y empresarios de otras naciones que tienen vínculos comerciales y financieros con nuestro país.
Esta violación del derecho internacional ha sido condenada reiteradamente en foros internacionales como la ONU, pero Washigton persiste en sus propósitos de asfixiar al pueblo cubano, al que impone grandes obstáculos para su desarrollo.
España es una de las naciones que tiene una amplia presencia en territorio cubano, sobre todo en el turismo, un sector contra el que la administración de Trump ha arreciado sus presiones, intentando presentar a la Mayor de las Antillas como un país donde impera el caos y la inseguridad.
Ahora en una nueva escalada, directivos de más de medio centenar de empresas españolas con intereses en Cuba tienen prohibido el acceso al territorio estadounidense, aún cuando posean algún establecimiento en el país norteño.
La prohibición les fue dada a conocer a través de una carta firmada por el Departamento norteamericano de Estado. Esta nueva acción extiende a esos inversionistas el veto impuesto a Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de la cadena hotelera Meliá, dado a conocer a principios del presente mes.
En septiembre la justicia española ordenó archivar en el país europeo una demanda contra Meliá por supuesta explotación ilegítima de unos hoteles en Cuba.
La cadena, que tiene unos 380 hoteles en 40 países, está presente en territorio cubano desde hace tres décadas a través de la gestión de esas instalaciones turísticas.
España ha dejado claro su rechazo al bloqueo norteamericano contra Cuba y a la activación en mayo del pasado año del Título tres de la ley Helms Burton.
El gobierno presidido por Pedro Sánchez había comunicado a sus empresas en Cuba que impugnaría todas las demandas judiciales procedentes de Estados Unidos, a raíz del recrudecimiento por Washington del bloqueo económico contra el pueblo cubano.
Durante una visita a La Habana en noviembre pasado el entonces canciller español Josep Borrell subrayó que la política de cerco a la Mayor de las Antillas y su carácter extraterritorial son un abuso de poder.
El hoy Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad afirmó que ese bloque regional condena la pretensión de sancionar a personas naturales y empresas por negociar con Cuba.
El Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, aprobado en 1996, rechaza los efectos de la Ley Helms-Burton en cualquier Estado miembro, y deja sin reconocimiento la aplicación extraterritorial de una legislación cuyos efectos considera contrarios al derecho internacional.
Estados Unidos arrecia sus ataques, pero empresarios e inversionistas de todo el mundo apuestan por Cuba, una nación con un seguro marco legal, estabilidad política y social y un pueblo hospitalario.
