Por María Josefina Arce.

Graves son las consecuencias sociales de la morosidad y falta de voluntad política del gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, para la total implementación del acuerdo de paz.

Lo alcanzado en La Habana en 2016 puso fin a un conflicto armado de cinco décadas, pero la violencia no ha dejado de sacudir a la sociedad de la nación sudamericana.

Con una rapidez abrumadora son ultimados líderes sociales y ex guerrilleros, quienes hicieron dejación de las armas, apostaron por la paz y buscan su total reinserción. Esas son las noticias del día a día en Colombia y sobre lo que han alertado organizaciones colombianas e internacionales.

Los grupos paramilitares siembran el temor y la muerte en poblados rurales de varias regiones del país. Asesinatos, desplazamientos forzosos y reclutamiento de menores s e han convertido en la cotidianeidad de los habitantes de esas zonas.

En las últimas horas la ONU alertó sobe la situación en Catatumbo, en el noreste del país, por las acciones de los paramilitares. Desde hace más de dos semanas unas veinte MIL personas tienen urgentes necesidades alimentarias, sanitarias, de protección y educacionales.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que tal situación es resultado del enfrentamiento entre grupos armados ilegales por el control de la región.

Precisa que todo esto ha alterado las dinámica cotidiana de instituciones públicas, transportadores, comerciantes y en general a los campesinos del área.

No es la primera vez que sale a la luz la difícil situación en que se encuentran los habitantes de diversas regiones colombianas que quedan entre el fuego cruzado de bandas paramilitares. No hace mucho hablamos sobre Bojayá, en el Chocó, donde sus ciudadanos estaban confinados por las acciones de los paramilitares.

Pero los pobladores de las zonas rurales también sufren de los desafueros del ejército, tampoco nada nuevo en el panorama colombiano. En el municipio de Macarena, en el Departamento del Meta, campesinos de los Parques Tinigua y Cordillera Picachos fueron víctimas del ataque de las fuerzas gubernamentales.

Helicópteros del ejército atacaron a los lugareños cuando se encontraban reunidos para analizar los hechos de violencia llevados a cabo horas antes precisamente por las tropas del gobierno que buscaban desplazar a la comunidad de su territorio.

Colombia vive una espiral de violencia, en la que han quedado atrapados los habitantes de las zonas rurales, pero también los líderes comunitaios y los ex guerrilleros, precisamente quienes apuestan por la paz, una paz que no parece importarle nada al gobierno del presidente Iván Duque.