Por: Guillermo Alvarado.
En Haití finaliza una semana de extraordinaria tensión tras un choque armado entre policías y militares que agregó más combustible a las protestas de la población, que exige en las calles desde el año pasado la renuncia del presidente Jovenel Moise, señalado de corrupción.
Las autoridades debieron suspender las fiestas por el carnaval, pero esto no logró apaciguar los ánimos en un país que está al borde de la catástrofe, con la economía paralizada, el repunte de la delincuencia, en particular los secuestros, y la acción de grupos armados al servicio de distintos intereses.
Moise cumplió tres años en su cargo el 7 de febrero, pero en realidad su gobierno es una ficción ante la anarquía reinante y se mantiene allí solo por el apoyo decisivo que recibe de Estados Unidos.
Esto no es casual. Luego de una sorpresiva reunión con Donald Trump en Florida el año pasado el gobernante haitiano rompió con el legítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció a Juan Guaidó y cambió su voto en la OEA siguiendo instrucciones de Washington.
A cambio, la Casa Blanca cabildea con las embajadas en Puerto Príncipe del llamado “Core Group”, formado por Francia, Alemania, España, Brasil y Canadá, para que presionen a la oposición con el objetivo de que en lugar de exigir la renuncia de Moise, se sienten a negociar con él una salida política que no cambie nada en esencia.
Pero independientemente de que el presidente se vaya o no, en realidad Haití sólo está viviendo un capítulo más de una crisis interminable cuyas raíces vienen desde la victoria de la revolución de esclavos en 1804 y la venganza de las potencias coloniales que hundieron esa gesta heroica.
Si se quiere tomar una referencia más cercana, el economista, cineasta y profesor universitario Arnold Antonin, recordó en un artículo reciente que tras la caída de la dictadura del clan Duvalier en 1986, cuando se creyó que ese país sería refundado con bases democráticas, ocurrió todo lo contrario.
En ese período, señala el académico, hubo ocho golpes de Estado, 34 cambios de gobierno por sustitución de primer ministro, cinco elecciones abortadas, tres intervenciones militares extranjeras y cinco misiones de la ONU para la estabilidad y la paz, además de un violento terremoto.
Es verdad que en 1987 se aprobó una Constitución muy avanzada, pero en la práctica es papel mojado. El respeto a los derechos humanos no existe en un país dividido entre una mayoría sumida en una brutal pobreza y una cúpula que practica las mismas artimañas de los Duvalier.
Al amparo de la crisis pululan ejércitos privados, incluso con mercenarios extranjeros. Hasta 2019, según Antonin, había 77 de estos grupos, algunos de los cuales fluctúan entre la seguridad privada y la delincuencia.
Otros gobiernos vendrán y se marcharán, pero las cosas seguirán igual para el pueblo que requiere, quizás, de otra revolución tan profunda como aquella que sorprendió al mundo en 1804.
