Por: Guillermo Alvarado
En respuesta a múltiples pedidos de silenciar las armas y enfocar los esfuerzos de la humanidad a enfrentar la pandemia de Covid-19, la organización insurgente colombiana Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció una tregua unilateral durante todo el mes de abril.
Un comunicado del grupo rebelde indica que se trata de un gesto humanitario hacia el pueblo, que padece la devastación del coronavirus.
El ELN invitó al gobierno de Iván Duque a sumarse a esta iniciativa, pidió que se acuartele al ejército, se desactive la persecución contra el pueblo y se detengan los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en todo el país.
La declaración del cese el fuego fue saludada por el movimiento Defendamos la Paz, que la consideró como un alivio humanitario para las comunidades que siguen sufriendo los rigores de la violencia, que las hace más vulnerables ante la emergencia sanitaria generada por la Covid-19.
Formado por personalidades civiles de Colombia, el movimiento también pidió al ejecutivo una respuesta positiva que genere un acercamiento entre ambos contendientes y se logre reactivar el diálogo para poner fin al enfrentamiento de manera definitiva.
El secretario general de la ONU, el portugués Antonio Gutérres, acogió con beneplácito el cese de hostilidades decretado por esa fuerza guerrillera colombiana y llamó a otros grupos armados en el mundo a hacer lo mismo.
La reacción del gobierno de Duque, sin embargo, no estuvo a la altura de las expectativas. El comisionado para la paz del ejecutivo, Miguel Ceballos, consideró insuficiente la propuesta y argumentó que no hay un espacio de diálogo abierto.
De acuerdo con el funcionario, el alto al fuego es una responsabilidad sólo del grupo guerrillero, con lo que declinó cualquier compromiso del gobierno.
Tras el acuerdo alcanzado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, comenzó un proceso similar con el ELN en febrero de 2017 en Quito, Ecuador, que se trasladó posteriormente a La Habana.
La última ronda finalizó sin ningún avance en agosto de ese año.
En el país sudamericano hay cerca de 800 casos positivos de Covid-19 y han fallecido una docena de enfermos.
La administración de Duque ha sido muy criticada, tanto por la desacertada conducción de la crisis sanitaria, como por la continuación de los asesinatos de líderes sociales en medio de las actuales circunstancias.
Será una lástima que se pierda una oportunidad de dar un paso más hacia el final de medio siglo de guerra que tiene fracturada a esa sociedad, con cientos de miles de muertos y millones de desplazados, un costo demasiado alto.
