Por: Guillermo Alvarado

Esta semana comenzó por fin en España el juicio contra uno de los militares que participó en el asesinato de seis sacerdotes y dos mujeres que trabajaban en su casa, perpetrado por el ejército de El Salvador en 1989 en los predios de la capitalina Universidad Centroamericana, UCA.

Ante los magistrados compareció el excoronel Inocencio Montano, antiguo viceministro de Seguridad Pública, señalado de haber participado en el diseño y la decisión del asesinato colectivo, junto con otros militares del país centroamericano que disfrutan de impunidad.

Luego de los acuerdos que pusieron fin a la guerra que duró de 1980 a 1992, Montano se trasladó a Estados Unidos, donde fue capturado y extraditado a petición de las cortes españolas.

Madrid es la sede del juicio, en parte porque cinco de las víctimas eran de nacionalidad española, pero sobre todo porque en El Salvador no hubo, ni hay, un tribunal con valor suficiente para castigar a los culpables.

El 16 de noviembre de 1989 el tristemente célebre batallón Atlacatl, especialista en guerra sucia, mató a tiros a los religiosos pertenecientes a la orden de los jesuitas, entre ellos el teólogo Ignacio Ellacuría, a quienes el régimen veía como peligrosos por su apoyo al proceso de paz.

Aunque el hecho despertó una oleada internacional de repudio, los asesinos fueron amparados por el gobierno de ese entonces e incluso la Agencia Central de Inteligencia y el Buró Federal de Investigaciones, de Estados Unidos, se negaron a entregar evidencias que tenían en su poder.

Esa complicidad entre el Estado salvadoreño y Washington para encubrir a los autores intelectuales, es la principal razón de que Montano esté sólo en estos días en el banquillo de los acusados. 

De hecho en 1991 hubo un proceso en San Salvador contra presuntos ejecutores de la matanza, que fue en realidad una mascarada según relató el académico español Enrique Arnaldo Alcubilla, quien asistió a ese acto.

"No hubo interrogatorio a ningún acusado. No hubo testimonios ni de la defensa, ni de la acusación. Ningún perito en balística compareció. Las pruebas no se contrastaron”, dijo esta semana Alcubilla.

De los encartados, dos fueron condenados y amnistiados poco después y los otros, entre ellos Montano, resultaron absueltos por “obediencia debida”.

Aunque no repara los hechos ni significa justicia completa, el juicio en Madrid, que debe concluir a mediados de julio, puede arrojar luz sobre este oscuro episodio de la guerra en el país más pequeño de Centroamérica.

Dicho en términos populares, viene a representar algo así como que, más vale tarde, que nunca.