Por Maria Josefina Arce

Siete meses han transcurrido desde el golpe de estado en Bolivia contra el presidente constitucional Evo Morales y solo ahora las autoridades de facto  han puesto una fecha para la celebración de elecciones.

La COVID 19 ha sido el pretexto  elegido por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez para demorar lo más posible la convocatoria a los esperados comicios, postergados en mayo pasado y que ahora se realizarán en septiembre próximo.

Sus intentos por perpetuarse en el poder han sido más que evidentes. Ha  esgrimido una supuesta preocupación por la  salud de los bolivianos, cuando es conocimiento de todos la ineficaz respuesta de las autoridades golpistas a la pandemia, que ha estado incluso salpicada por escándalos como el de los respiradores artificiales.

Pero la presión ha sido mucha. Partidos políticos, personalidades y el pueblo demandaban  que se señalara una fecha para acudir a las urnas y poner fin a la crisis política, social y económica que vive la nación andina.

En medio de la pandemia el territorio boliviano fue escenario de fuertes protestas pidiendo la salida de los golpistas y el retorno de la constitucionalidad.  En Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y  Oruro, entre otras regiones, se registraron bloqueos de caminos por campesinos e indígenas.

La COB, Central Obrera Boliviana, incluso advirtió a la ilegal presidenta que debería enfrentar la sublevación del pueblo, si no promulgaba la ley para celebrar las elecciones el seis de septiembre venidero, fecha acordada entre los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral.

Aunque la indignación popular obligó a Áñez a firmar el decreto, rápidamente intentó deslindar su responsabilidad de su única misión tras el golpe, convocar a las urnas,  y señaló a los principales candidatos como posibles culpables de las consecuencias que puede tener este proceso en una emergencia sanitaria.

Una situación que los golpistas han agravado por el despilfarro de los recursos, la no realización de suficientes pruebas de diagnóstico, la poca atención brindada a los centros de Salud ante la falta de medios de protección y otros insumos, grandes detalles que por supuesto, olvido mencionar  la autoproclamada presidenta.

Lo cierto es que Áñez que  ha aprovechado la ocasión para presentarse como candidata marcha en último lugar. El sondeo más reciente ubicó en el primer puesto a Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, con  más del 33 por ciento de la intención de voto,  y en segundo puesto a Carlos Mesa, de la coalición Comunidad Ciudadana,  con un 18 por
ciento.

Finalmente los bolivianos podrán ir a las urnas, tras un injustificado golpe de estado por supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre pasado, una farsa de la derecha, como se ha demostrado,  para quitar del medio a un gobierno que contaba con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, beneficiados con múltiples programas sociales y que cambió el rostro de Bolivia al darle estabilidad política, económica y social.