Por María Josefina Arce

Desesperada la derecha busca inhabilitar al candidato del MAS, Movimiento al Socialismo, Luis Arce, quien de acuerdo con las encuestas encabeza la preferencia de voto de cara a las elecciones generales del venidero seis de septiembre en Bolivia.

El gobierno de facto, con la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez a la cabeza y también candidata, intenta presentar a  Arce como un supuesto transgresor de la prohibición de difundir sondeos de opinión partidaria.

Deseosas de allanar el camino para permanecer en el poder, las autoridades golpistas acusan  a Arce de revelar  en un programa televisivo una encuesta interna del MAS. Sin embargo, no han hecho para nada referencia al empresario Samuel Doria Medina, aspirante a la vicepresidencia por el gobierno de facto, quien si comentó y publicó encuestas en dos ocasiones.

Es  un hecho que  la prohibición que por ley electoral rige antes de la campaña no funciona igual para todos. Pero lo cierto es que  Arce no difundió ninguna encuesta, ni mostró gráficos en la televisión.

Ante el candidato del MAS y el propio partido está la amenaza de quedar inhabilitados para los comicios, que por todos los medios intentó demorar lo más posible la ilegítima presidenta, quien se escudó en la COVID 19, pero finalmente tuvo que ceder a  la presión popular y de otros actores políticos ante la crisis sanitaria, política y social que vive el país.

Pero la derecha va con todo. No solo busca quitar de en medio al  MAS,  un fuerte oponente más que probado, sino que, como denunciara el ex presidente Evo Morales en su cuenta en Twitter, también maniobra para posponer las esperadas elecciones y permanecer en el gobierno.

La Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo, en un comunicado, denunció la campaña contra ese partido que representa al movimiento indígena, trabajadores y sectores populares, así como las pretensiones de seguir dando largas a los comicios, por lo que se declaró en emergencia.

Además de haber manejado mal el enfrentamiento a la COVID 19, las autoridades golpistas han instalado una estrategia neoliberal generando una fuerte crisis económica y social, mientras que en lo político la situación va desde su mantenimiento en el poder ocho meses después del golpe hasta  sus maniobras para retrasar la convocatoria a las urnas en septiembre venidero y quitar del medio al candidato de la mayoría de los bolivianos.