Por Maria Josefina Arce
Ante la emergencia sanitaria mundial por la presencia de la COVID 19, el agua siempre esencial para la vida es ahora doblemente necesaria para el mantenimiento de las medidas higiénicas y evitar de ese modo el contagio con la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
Brasil es a nivel global el segundo país con mayor número de casos, con más de dos millones, mientras supera los 80 mil fallecidos. Sin embargo, en medio de esta crítica situación al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se le ocurrió sancionar una ley para la privatización de las empresas estatales de agua y saneamiento, lo que incidirá negativamente en buena parte de los ciudadanos.
La legislación, aprobada en diciembre pasado por la Cámara de Diputados y en junio último por el Senado, ha sido ampliamente cuestionada por movimientos sociales y organizaciones que defienden el agua como bien público, al tiempo que consideran que favorece la creación de un monopolio privado del vital líquido y el alcantarillado.
El PT, Partido de los Trabajadores, bajo cuyo mandato se amplió la cobertura a estos derechos humanos, señaló que lo que se impone es garantizar sin privilegios, ni restricciones, incluso en los lugares más apartados el acceso al liquido y la red de saneamiento.
Ya cerca de 40 millones de brasileños ven violado su acceso al agua potable, mientras que solo un cincuenta por ciento de los hogares cuenta con la red de saneamiento requerida, consecuencia de una disminución de las inversiones en ese sector desde 2016, en que la derecha retornara al poder tras un golpe parlamentario contra la entonces presidenta Dilma Rousseff, del PT.
Bolsonaro que ha impulsado una agenda de reformas neoliberales consideró la aprobación de la ley una prioridad, sin tener en cuenta que ahora millones de brasileños se verán afectados y el país se enfrenta a la posibilidad del aumento de enfermedades, la mortalidad infantil y los gastos de salud.
El agua y saneamiento era el último sector importante de la infraestructura en Brasil que no había sido privatizado, y ha sido una nueva estocada contra los sectores más humildes, que en vez de recibir ayuda del gobierno para enfrentar la difícil situación sanitaria y económica que atraviesa el país se ven privados de otro derecho.
Los brasileños se mueren por la COVID 19, los hospitales están colapsados y sin medicinas y los profesionales de la salud no cuentan con los medios básicos de protección, y el gobierno no encuentra nada mejor que arrebatarles a sus ciudadanos la posibilidad de al menos evitar el contagio con el debido mantenimiento de las medidas higiénicas.
