Por: María Josefina Arce
Con la COVID 19 como telón de fondo, el presidente chileno, Sebastián Piñera, sancionó en abril pasado una ley para conmutar o cumplir en reclusión domiciliaria la pena a reos considerados vulnerables ante la pandemia.
Mil 700 presos fueron beneficiados por la legislación. Ninguno de ellos era mapuche, aun cuando cumplían con los requisitos para acceder. Los miembros de ese pueblo son juzgados como terrorista, un rezago de la dictadura del general Augusto Pinochet.
Hoy permanecen en las cárceles en malas condiciones, expuestos a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, a pesar de que su supuesto delito es defender sus derechos ancestrales a su tierra.
Las prisiones chilenas presentan hacinamiento y falta de la higiene necesaria para enfrentar la COVID 19. La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios han reiterado su preocupación por la escasa realización de pruebas diagnóstico.
Varios de los mapuches por demás, se mantienen en huelga de hambre en demanda de sus derechos y presentan un cuadro crítico, lo que ha llevado a protestas en demanda de la preservación de sus vidas.
Desde finales de julio comunas mapuches mantenían ocupadas varias municipalidades de la provincia de Malleco en apoyo a sus compañeros presos.
Pero en las últimas horas fueron desalojados de manera violenta por grupos de civiles, al mejor estilo de los supremacistas blancos de Estados Unidos, al decir de la corresponsal de la multinacional TELESUR.
Y todo bajo la mirada cómplice de los carabineros, que no hicieron nada por impedir la agresión de que fueran objeto los mapuches, muchos de los cuales resultaron lesionados y cerca de 40 detenidos, entre ellos varios menores
Organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron el cese de la represión contra esa comunidad y llamaron al gobierno a un diálogo
Asimismo, la Defensoría Popular chilena interpuso un recurso en la Corte de Apelaciones de Temuco en contra del ministro del interior, Víctor Pérez, y Luis Sepúlveda, jefe de zona de la Defensa Nacional.
Chile ratificó en 2008 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece los derechos de los mapuches, sin embargo, ha violado sistemáticamente esas prerrogativas y criminalizado a ese pueblo, que permanece invisible para muchos.
