Por Eduardo Rodríguez (PL)

La decisión del rey emérito Juan Carlos I de abandonar España, tras las sospechas de corrupción que por enésima vez comprometen su imagen, vuelve a colocar a la Monarquía en sus horas más bajas.

En una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe VI, Juan Carlos de Borbón comunicó su 'meditada decisión' de establecerse fuera del país ante la repercusión
pública de 'ciertos acontecimientos pasados' de su vida privada.

El otrora jefe del Estado, de 82 años, aludió a las pesquisas de la justicia de Suiza y la de España sobre el origen de 100 millones de dólares que habría recibido por el presunto cobro de comisiones en la concesión a empresas de esta nación del tren de alta velocidad en Arabia Saudita.

El Tribunal Supremo español anunció en junio pasado una investigación sobre estos hechos y los posibles delitos del soberano emérito, aunque solo los cometidos desde 2014 cuando perdió su inmunidad al abdicar en favor de su hijo.

Durante una rueda de prensa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que desconoce el paradero de Juan Carlos I. 'Corresponderá a su persona o a la Casa Real dar a conocer esta información, no al Gobierno de España. Hablamos de instituciones distintas', acotó.

El político socialdemócrata, que desde enero encabeza un ejecutivo de coalición con la alianza izquierdista Unidas Podemos (UP), hizo una cerrada defensa de la Corona. Su principal socio en el gubernamental Palacio de la Moncloa y líder de UP, Pablo Iglesias, calificó de indigna la 'huida al extranjero' del antiguo rey.

La España del siglo XXI ya no tolera la corrupción ni el privilegio y cualquier ciudadano que cometa delitos debe dar la cara ante la justicia, opinó Iglesias, vicepresidente segundo del Estado.