Por: Roberto Morejón

El comportamiento de América Latina como epicentro de la pandemia por la COVID-19 genera tantas preocupaciones que otros asuntos sensibles quedan relegados, como el de las superpobladas cárceles de la región, quebrantadas por la letal enfermedad.

Estadísticas oficiales indican que los penales al sur del Río Bravo están ocupados al 120 por ciento, por lo que destierran la atención particularizada a los reclusos, en aras de políticas de reincorporación a la sociedad.

Los excesos de los carceleros y ahora el temor a los contagios por el virus SARS-Cov-2 rematan la situación de las penitenciarías en Nuestra América.

NO por casualidad aumentaron en los últimos meses motines, escapatorias y protestas, en medio de denuncias de carencia en los encierros de artículos de aseo y agua e imposibilidad de establecer el distanciamiento físico.  

Gremios periodísticos examinaron reportes oficiales de más de una treintena de países de la región y contabilizaron casi 11 mil 700 contagios y 431 muertes hasta el 15 de julio.

Mientras Ecuador refirió 10 reclusos fallecidos por la COVID-19 y solo 5 por ciento de los enclaustrados sometidos a pruebas de detección, en Brasil liberaban a miles por miedo a la propagación de infecciones.

Bolivia daba cuenta de 40 presos extintos y 159 enfermos en una población de internos de más de 18 mil personas en 48 inmuebles.

En ese último país aumentaron las protestas de los reos en reclamo de vigilancia médica y medios de protección contra el padecimiento de origen respiratorio.

Después de tantos años en América Latina sin trabajar seriamente en las causas económicas y sociales que incentivan el flujo imparable de personas hacia las cárceles, ahora la pandemia convirtió el problema en agónico.

Las propuestas de reformas a los reglamentos penales e incluso a los sistemas de justicia en general permanecen en el limbo.

Gobiernos liberales entendieron como única respuesta privatizar cárceles, similar a Estados Unidos, sin siquiera escuchar a quienes demandan, cuando menos, acelerar los estancados procesos judiciales.

Con sistemas de salud colapsados o próximos a ello y crecientes casos por el nuevo coronavirus, en América Latina parece remitido a un futuro incógnito el demandado ajuste para atenuar los errores de sistemas carcelarios, cuya única herramienta es el uso de la fuerza.