Sepelio de víctimas del ataque en Samaniego, Nariño. Foto /AFP

Por María Josefina Arce.

Nuevas noticias sobre masacres,  asesinatos cometidos por el ejército y secuestros han vuelto a conmocionar a la sociedad colombiana, que se pregunta  cuándo parará la espiral de violencia que sacude al país.

El Chocó y Nariño son los escenarios de los últimos hechos violentos, que se han cobrado la vida de ocho personas, entre ellas cinco indígenas Awá,  mientras otros 40 miembros de ese pueblo han sido secuestrados.

Mujeres, niños y ancianos se encuentran entre los desaparecidos  en el resguardo indígena de Inda Zabaleta, en Nariño, donde grupos criminales se enfrentan por el control del territorio, sin que el gobierno del presidente Iván Duque haya tomado acciones efectivas ante estos sucesos que se repiten y sobre los que han alertado organizaciones sociales.

También se conoció que al asesinato a principios de mes de Jaime Ordóñez por la policía, se suma ahora el de la joven Juliana Giraldo a manos del ejército, durante un supuesto control en una carretera, en el que sin justificación alguna se disparó contra el automóvil en que viajaba.

Las críticas contra Duque y el ministro de Defensa, Carlos Holmes, son cada vez más fuertes. Los cuestionamientos se acumulan incluso, de miembros del partido de gobierno, Centro Democrático.

Varios parlamentarios afirman  que ya es hora de que el titular de Defensa asuma su responsabilidad política frente a todo lo que está ocurriendo, una consideración válida también para el presidente.

Los hechos ocurridos, plantean, no son "actuaciones individuales de algunos de sus miembros", como quieren hacer  creer  las autoridades, en un intento por encubrir las violaciones de los derechos humanos por agentes policiales y los militares.

A las constantes matanzas, que ya suman más de 60 en lo que va de año, y la represión policial se agrega la polémica por la presencia en la nación suramericana de tropas estadounidenses, sobre lo cual Holmes engañó a la opinión pública colombiana, cuando dijo que el Congreso había aprobado su llegada.

Sin embargo, varios parlamentarios desmintieron al ministro, al asegurar que la autorización del órgano legislativo a los efectivos norteamericanos nunca existió.

Las autoridades no solo mienten abiertamente a los colombianos sobre cuestiones que atañen la soberanía e integridad de la nación,  sino que miran hacia otro lado ante los ya cotidianos hechos violentos que sacuden a Colombia, y que también implican a las fuerzas del orden.

El gobierno, en opinión de muchos, constituye además, un retroceso para la implementación del acuerdo de paz y no apoya el sistema de verdad, justicia y reparación.