El proceso dará inicio en noviembre venidero. Foto: El País Uruguay
Por María Josefina Arce/RHC
La llamada Ley de Urgente Consideración sigue preocupando a buena parte de la sociedad uruguaya, que la califica como un programa de restauración conservadora en el país-
La legislación, conocida como LUC, fue aprobada en julio pasado, a pesar de las múltiples críticas de varios legisladores de que las restricciones impuestas por la COVID 19 impedían un exhaustivo análisis del texto.
En ese sentido organizaciones sociales la catalogaron de antidemocrática por no promover un amplio debate popular, escudándose el gobierno del derechista Luis Lacalle Pou en la pandemia.
Precisamente agrupaciones sindicales, sociales y políticas acordaron la recogida de firmas para un referendo contra la ley.
El opositor Frente Amplio manifestó su respaldo a la iniciativa de las agrupaciones sociales de a través de los mecanismos previstos en la Constitución interponer un recurso de referendo contra las normas antipopulares de la ley.
En noviembre venidero dará inicio a este proceso que deberá recolectar antes del nueve de julio de 2021 unas 700 MIL rúbricas.
Falta por definir si se irá contra toda la legislación o contra algunos artículos que han despertado una gran controversia como la flexibilización de la legítima defensa policial, que para muchos podría llevar a violaciones de los derechos humanos.
Muchos cuestionan también que se permita el porte de armas a policías y militares retirados.
Los acápites referidos a la educación en la denominada LUC han provocado igualmente numerosas críticas, que señalan se pierde la idea del sistema público de educación y se introducen criterios de mercado.
De preocupante califica el personal docente que en un país donde 83 por ciento de niños y jóvenes asisten a las escuelas públicas, el estado ahora con esta ley no se responsabilice de garantizar que el conjunto de los uruguayos tenga acceso a este derecho humano esencial.
La alarma también ha sonado, pues el Estado si regulará el financiamiento de los centros educativos, lo que podría llevar a una afectación en la calidad de la enseñanza y a un aumento de la desigualdad.
Encuestas de opinión de agosto pasado revelaron que 54 por ciento de los uruguayos firmaría por un referendo contra la LUC. El desacuerdo con esta legislación es de 64 por ciento en Montevideo, la capital.
Uruguay ya ha sido escenario de protestas de varios sectores contra la legislación, que afirman constituye un ataque a los logros sociales de 15 años de buen gobierno del Frente Amplio.
