Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Foto: Yimg.

Por: Guillermo Alvarado

Una sala de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador asestó un fuerte golpe a las esperanzas de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil en ese país, cuando prohibió juzgar a los responsables intelectuales de la matanza de los jesuitas ocurrida en 1989.

 De esta manera, quienes dieron la orden de ejecutar a los sacerdotes en predios de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, de la capital salvadoreña, quedarán al margen de la justicia.

La noche del 16 de noviembre de ese año un grupo del temible Batallón Atlacatl, entrenado por Estados Unidos, entró al recinto y mató a sangre fría a seis religiosos y dos mujeres que trabajaban en la casa.

En España la Audiencia Nacional condenó en septiembre reciente a 133 años y 4 meses de prisión al ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocencio Orlando Montaño, por la muerte de cinco de los jesuitas con nacionalidad española, entre ellos el teólogo Ignacio Ellacuría.

La muerte de las otras tres víctimas, un sacerdote y las dos féminas, todos salvadoreños, todavía permanece, y seguramente lo estará para siempre, en la impunidad más absoluta, sobre todo luego del amparo que la Corte Suprema le dio a un grupo de generales vinculados al crimen.

Tras conocer el veredicto, dictado a finales de octubre, la abogada Leonor Arteaga declaró al sitio digital Sputnik que se suma a una larga cadena de resoluciones que amparan a los responsables de estos crímenes; es una pieza más en el ajedrez de la complicidad del sistema judicial salvadoreño para obstaculizar todos los intentos de justicia.

Hace unos días la UCA denunció que la sentencia es corrupta y los magistrados que la firmaron han caído en el prevaricato y violan una disposición anterior de la Sala Constitucional, que ordenaba juzgar todos los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

Pero este no es el único caso en el que se ha tejido un manto de impunidad sobre los militares salvadoreños.  El ejército se ha negado reiteradamente a entregar los archivos sobre la masacre de El Mozote donde murieron más de mil civiles, la mitad de ellos niños.

Tampoco se tiene acceso a informaciones sobre la matanza de San Francisco Angulo, ni de los menores desaparecidos durante la guerra, los ataques militares contra la Universidad de El Salvador o la muerte de periodistas.

Y es que como dijo el obispo Oscar Arnulfo Romero, otra víctima de los militares, en El Salvador la justicia se parece a las serpientes, sólo muerde a los que van descalzos.