"Nos están matando" un grito de vastos sectores de la población colombiana. Imagen / Telesur

Por: María Josefina Arce

Colombia ha  acaparado en reiteradas ocasiones en el 2020 la atención de los medios de prensa y  la comunidad internacional por la violencia que se ha adueñado de la sociedad y que parece no tener fin.

Más de ochenta masacres, en las que han perdido la vida unos 300 colombianos, se han registrado en la nación sudamericana en estos doce meses, sin que el gobierno del presidente Iván Duque haya dado una respuesta eficaz y oportuna  a esta compleja situación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Desarrollo por la Paz, los más afectados son los departamentos del Cauca, Norte de Santander y Antioquia, donde grupos paramilitares y criminales se disputan los territorios para negocios ilícitos como el narcotráfico.

Un panorama que atenta contra el establecimiento de una paz duradera, un camino trazado por el Acuerdo de paz suscrito hace cuatro años entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

Sin embargo, bajo el mandato de Duque poco se ha avanzado, por el contrario se ha incrementado el número de asesinatos de líderes sociales, indígenas, activistas medioambientales y de ex combatientes, que batallan por reincorporarse a la sociedad.

El ejecutivo no ha llegado a las antiguas zonas de conflicto. No se  ha empleado a fondo para impulsar el desarrollo local y fortalecer la justicia.

Todavía esperan por ser implementados importantes aspectos del acuerdo de paz, como la reforma agraria integral y la sustitución de los cultivos ilicitos. Organizaciones campesinas han denunciado que las pocas acciones de las autoridades en este sentido distan de lo acordado y están orientadas a simular su cumplimiento.

En el acuerdo existen los mecanismos para poner coto a la violencia. Sin embargo, Duque ha disminuido el presupuesto para la implementación, sobre todo de programas sociales y de desarrollo, e ignorado la inseguridad en que viven los ex combatientes firmantes del documento.

En opinión de muchos luego de cuatro años de firmado, el acuerdo no marcha como debería, el gobierno ha frenado el avance de algunos puntos e incluso hecho propuestas para modificar otros, poniendo en peligro la deseada paz.