Por María Josefina Arce
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, será investigado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya por su accionar en contra de la integridad de los pueblos autóctonos del país suramericano.
En noviembre del pasado año fue presentada la denuncia por organizaciones de derechos humanos, y finalmente aceptada por la institución.
De esa forma Bolsonaro se convierte en el primer mandatario en funciones en ser investigado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que normalmente rechaza este tipo de denuncia contra un presidente activo.
En Brasil habitan 305 etnias indígenas. Hoy más de la mitad de ellas están afectadas por la COVID 19, ante la mirada pasiva del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Los fallecidos en estas comunidades se contabilizan en cerca de 900 y en más de 42 mil los contagiados por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
Cifras realmente alarmantes y que por demás, no coinciden con las ofrecidas por las autoridades, quienes solo tienen en cuenta los casos de las personas que viven en un contexto urbano y olvidan a quienes habitan en la región amazónica.
Sin embargo, la Amazonía es una de las áreas más afectadas por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
Muchas son las voces que han denunciado la situación de los pueblos originarios, que califican como un genocidio ante el abandono del gobierno y las permitidas acciones contra su hábitat.
En julio último en una carta a los amigos del exterior, el intelectual brasileño Frei Betto denunciaba el veto del presidente a un presupuesto de emergencia destinado a la salud indígena, así como a la entrega por tres meses de una ayuda de 120 dólares.
Precaria ha sido la atención médica recibida por los pobladores de la Amazonia. Los hospitales capacitados para enfrentar la dolencia están en las grandes ciudades, ubicadas a miles de kilómetros de sus comunidades.
Pero la amenaza contra los indígenas va más allá de la pandemia. El discurso de odio y discriminatorio del presidente, así como la incitacion a actividades como la minería y agropecuaria atentan contra las condiciones de vida de los indígenas brasileños.
Estos pueblos han visto afectado su entorno por la invasión de sus tierras y la ocurrencia de gigantescos incendios. En un 14 por ciento crecieron en la Amazonía los focos en los primeros nueve meses de 2020, en relación con igual periodo del pasado año.
Abandonados a su suerte están los indígenas en Brasil, donde el presidente Bolsonaro desarrolla una política hostil contra los pueblos originarios, que a muchos les recuerda la postura de la dictadura militar que durante dos décadas imperó en el gigante suramericano.
