Estallido social en Chile, Octubre 2019. Reuters

Por María Josefina Arce

El gobierno del multimillonario presidente Sebastián Piñera se niega a un indulto para quienes se encuentran detenidos desde el pasado año por su participación en el estallido social por un Chile mejor.

La iniciativa, presentada por la oposición,  es rechazada por las autoridades e incluso, Piñera anunció que de prosperar en el Congreso la vetará.

Numerosos ciudadanos permanecen detenidos, tras las multitudinarias protestas que se iniciaron en octubre de 2019 en contra de un país desigual, donde la pobreza gana cada vez mayor protagonismo.

Desde hace semanas partidos de la oposición y organizaciones sociales y de derechos humanos exigen la liberación de esas personas, que, alegan, son mantenidas ilegalmente en esa condición sin proceso judicial alguno por la inexistencia de pruebas demostrativas de que cometieran algún delito.

Sin embargo, el mandatario, recuerda la sociedad, no tuvo reparos en intentar incluir a criminales de lesa humanidad en una ley aprobada en abril pasado para cambiar las condenas de prisión por arresto domiciliario, ante la emergencia sanitaria por la COVID 19.

La amplia repulsa popular llevó a que no triunfaran las maniobras de la derecha, pero todos recuerdan que en esa ocasión Piñera dijo que los represores también tenían derecho a una muerte digna.

El presidente, que en varias ocasiones ha manifestado su apoyo a la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, pareció olvidar las decenas de miles de muertos, desaparecidos, encarcelados, torturados y exiliados que dejó esa negra página en la historia de la nación.

Ahora la justicia se ha sumado a la negativa gubernamental al indulto. El Consejo General de Fiscales rechazó la iniciativa de la oposición para liberar a los participantes en las protestas y aún están arrestados.

Para buena parte de la sociedad son preocupantes las señales que está mandando la justicia. A principios de este mes la Octava Sala Penal de la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a 61 agentes de la DINA, Dirección Nacional de Inteligencia Nacional, policía secreta de Pinochet, involucrados en la desaparición de opositores políticos.

Ya en abril pasado la misma instancia judicial dejó en libertad a  represores de la dictadura militar.

Pero la justicia no funciona igual para todos en Chile. Ahora el gobierno derechista quiere evitar la liberación de quienes salieron a las calles a defender su derecho de mejores oportunidades.

Personas que por demás, fueron violentamente reprimidas por los carabineros, bajo la mirada cómplice de las autoridades, las que les niegan el derecho de aspirar a un país con mayores opciones para todos, sin exclusiones.