Organizaciones se manifiestan contra la LUC. Imagen / Radio Uruguay

Por María Josefina Arce

Uruguay inició el 2021 con la mirada puesta en la controvertida Ley de Urgente Consideración, calificada por buena parte de la sociedad como un retroceso en los derechos alcanzados en los últimos años bajo los gobiernos del Frente Amplio.

Organizaciones sociales y sindicales se han dado a la tarea de recoger firmas para llevar a plebiscito revocatorio parcial la legislación, popularmente conocida como LUC.

Los uruguayos buscan la derogación de 135 artículos de los casi 500 de la ley, aprobada en julio pasado por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, en un apresurado proceso cuestionado por muchos.

Para buena parte de la sociedad la emergencia sanitaria por la COVID 19 impidió un análisis exhaustivo de la norma jurídica, lo que fue aprovechado por las autoridades para imponer la legislación que los expertos afirman no tenía nada de urgente.

Ahora se ha iniciado la recogida de las 700 mil rúbricas estipuladas por la constitución para convocar al referendo. La campaña cuenta con el apoyo del opositor Frente Amplio, que ha calificado la ley como un  anti popular programa de restauración conservadora de inspiración neoliberal.

Las organizaciones promotoras del referendo ya abrieron formalmente el necesario expediente en la Corte Electoral para llevar adelante el proceso.

La Ley de Urgente Consideración ha recibido numerosas críticas de diversos sectores. Entre sus acápites más cuestionados está el referido a la flexibilización de la legítima defensa policial, que muchos ven como una amenaza para los derechos humanos.

Tampoco ha sido bien acogida la regularización del derecho a la huelga y la facultad otorgada a la fuerza pública para disolver las protestas pacíficas que, en su opinión, afecten la circulación de personas, bienes y servicios.

Los uruguayos rechazan igualmente los cambios que promueve en la seguridad social, salud, educación y desarrollo social.

La LUC es calificada como el proyecto político que el gobierno derechista quiere imponer en la nación suramericana y en el que se criminalizan  las protestas sociales, se estimula la impunidad, se mercantiliza la educación y se favorece al sector privado.

Antes del venidero 8 de julio, cuando se cumple un año de la sanción definitiva de la ley, se deberán recoger las 700 mil firmas para llevar a plebiscito revocatorio la polémica LUC, definida como un atropello a los derechos de los uruguayos.