Foto/Telesur.

Por María Josefina Arce.

Dos años han transcurrido de un suceso que conmocionó a la sociedad chilena: el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca,  y solo ahora la justicia se pronunció sobre los ex carabineros autores del hecho.

El veredicto de culpabilidad llega tras meses de reclamo de que no quedara impune el crimen, que engrosa la larga lista de abusos y atropellos contra ese pueblo originario.

El caso estuvo plagado de contradicciones. Se quiso en un principio vincular al joven, de 24 años, con un acto delictivo, pero lo cierto es que Catrillanca fue asesinado mientras conducía un tractor en su comunidad. Junto a él viajaba un chico de 15 años.

Se mintió y se intentó encubrir un crimen que puso una vez más sobre el tapete el uso excesivo de la fuerza, la militarización de la Araucanía, los constantes allanamientos de las comunidades y la criminalización de la lucha mapuche por recuperar sus territorios.

De hecho los  ex carabineros implicados en el lamentable suceso pertenecían al llamado Comando Jungla, cuya presencia en ese territorio de Chile es un aval para los atropellos policiales que se han registrado.

Los miembros de este grupo, dotado de alta tecnología, han sido entrenados en Colombia y están especializados en operaciones contra el terrorismo y el crimen organizado.

Y  ahí suena la alarma. No se justifica la presencia de un comando de esta naturaleza en la región habitada por los mapuche, que solo reclaman las tierras que por derecho les pertenece y que les han sido arrebatadas y están hoy en manos de grandes empresas forestales y agrícolas.

Contra el pueblo originario se aplica la ley antiterrorista, puesta en marcha en 1984 bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Esta polémica legislación se ha materializado en la imputación de falsos delitos, procesos injustos, sin garantías y penas desproporcionadas.

Recordemos la Operación Huracán en 2017, que llevó al encarcelamiento de ocho dirigentes de esa comunidad bajo el supuesto cargo de asociación ilícita terrorista, acusados de participar en ataques incendiarios. La realidad es que los carabineros implantaron mensajes falsos en los celulares de los detenidos.

Aunque representan 12,7% de la población chilena, el mapuche es visto por el estado como una etnia y no como un pueblo indígena. Han sido siglos de ver violados sus derechos y de intentar presentarlos como criminales.

Poco a poco la sociedad chilena ha ido ganando conciencia sobre el conflicto mapuche. En la actualidad, de acuerdo con el sondeo de CADEM-Plaza Pública, de agosto pasado, 93 por ciento de los encuestados está a favor de que a los mapuche se les reconozca en la constitución y un 73 por ciento opina que debe tener cupos reservados en el Congreso.

El próximo día 28 se darán a conocer las sentencias de los asesinos de Catrillanca, pero hay responsabilidad política y de mando. Son varios los que deberían ser juzgados por  encubrir y permitir esas acciones violentas contra esa comunidad.

Chile tiene una gran deuda con los mapuche, discriminados y despojados de sus derechos, y que solo buscan recuperar su espacio, ser escuchados y reconocida su identidad.