Por María Josefina Arce

Honduras figura entre las naciones de América Latina con un alto índice de corrupción.  Un problema que parece no tener fin y que se ha agudizado bajo la gestión del presidente Juan Orlando Hernández, sacudida por varios escándalos.

El país vive hoy una inestabilidad política ante los constantes señalamientos contra el mandatario por sus nexos y los de su familia con el narcotráfico.

Hernández, que cumple un controvertido segundo mandato, ha sido vinculado en reiteradas ocasiones con el caso que se sigue en Estados Unidos contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes, detenido en el norteño país en marzo de 2020.

La situación ha llevado a que sean varios los políticos y las instituciones que han demandado la renuncia inmediata e irrevocable de Hernández. El pedido más reciente es el de cerca de 20 diputados.

Esta solicitud se suma a las formuladas por el Colegio de Abogados de Honduras y el Consejo Nacional Anticorrupción, un organismo independiente de la sociedad civil hondureña.

No son nada nuevas las demandas sobre la salida del presidente del gobierno. Ya en 2019 el país centroamericano vivió tensas jornadas, tras la condena en territorio estadounidense por narcotráfico contra su hermano Tony Hernández.

El mismo gobernante fue acusado de recibir dinero del tráfico de estupefacientes para financiar sus campañas electorales.

Precisamente en 2015, a un año de asumir su primer mandato, se vio envuelto en el escándalo del desfalco de unos 200 millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro.

Parte de ese dinero fue a parar a manos del gobernante Partido Nacional y a la campaña de Hernández, electo en 2013 con el 36 por ciento de los votos, en medio de acusaciones de fraude.

Honduras, azotada por la COVID 19 y el devastador paso en noviembre del pasado año de los huracanes ETA e IOTA, se enfrenta por las acciones delictivas del presidente a la posibilidad de sanciones de Estados Unidos, lo que, señalan organizaciones sociales, repercutirá directamente en el pueblo, que ya vive una difícil situación.

La nación tiene hoy un desempleo del 12 por ciento.  Medio millón de hondureños se sumó el pasado año al ejército de parados por la crisis económica generada por la COVID 19.

La pobreza ronda en la actualidad a 58 por ciento de la población, que ha sido testigo del mal desempeño del gobierno ante la pandemia y de escándalos también vinculados con la compra de insumos y hospitales portátiles, para los que se destinaron una gran suma de dinero y nunca llegaron.

Las investigaciones revelaron que los 50 millones de dólares desembolsados fueron a parar a manos de empresas e intermediarios fantasmas.

Grandes desigualdades imperan en Honduras que se han profundizado bajo los dos mandatos de Juan Orlando Hernández, quien, como aseguran los demandantes de su renuncia, no ha cumplido con sus funciones, ni respetado los valores de la República, al tiempo que con sus acciones ha traído el descrédito para el país centroamericano.