Imagen / France 24
Por: Guillermo Alvarado
La fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Fatou Bensouda, informó la víspera en la ciudad de La Haya, Países Bajos, la apertura formal de una investigación sobre los graves crímenes de guerra cometidos por el régimen sionista de Israel contra el pueblo de Palestina.
Desde 2019 ese tribunal había determinado que existen bases razonables para indagar sobre los excesos cometidos contra la población civil hacinada en la Franja de Gaza.
La magistrada también aseguró que existe total jurisdicción para juzgar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en territorio palestino, aunque muchos se resistan a reconocerlo como un Estado independiente y con plena soberanía.
Sin embargo, entonces no se pudo avanzar más por las fuertes presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, que amenazó con aplicar sanciones contra los más altos funcionarios del CPI.
Ya Washington había prohibido la entrada a territorio estadounidense a Bensouda, cuando esta advirtió que era factible juzgar y castigar las tropelías cometidas por las tropas del Pentágono durante el ataque y la ocupación de Afganistán.
Trump no vaciló en utilizar su poder e influencia para defender a su principal aliado en el Oriente Medio.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha calificado las acciones de la Corte Penal Internacional como un acto de hostilidad política contra su país y se niega a reconocer que se practica un genocidio bien planificado contra los palestinos, a los que Tel Aviv ha robado ya más de la mitad de su territorio.
De manera particular, los investigadores de esa entidad se centrarán en la operación denominada “Margen Protector”, que se llevó a cabo del 8 de julio al 26 de agosto de 2014.
Las acciones se concentraron en la Franja de Gaza, un estrecho territorio de 365 kilómetros cuadrados donde viven poco más de dos millones de personas cercadas por mar y tierra.
Durante 49 días el ejército y la fuerza aérea sionista bombardeó por aire, mar y tierra indiscriminadamente a esa región, causando la muerte de dos mil 300 palestinos, la mayor parte civiles y muchos de ellos niños.
Hubo también 11 mil heridos y se destruyeron hospitales, escuelas, edificios públicos y miles de viviendas.
Esta barbarie contó con el apoyo de Washington y el silencio cómplice de la mayor parte de los gobiernos europeos, que también deberían estar en el banquillo de los acusados y recibir el peso de la justicia.
