Se ha logrado frenar parte de la lesiva agenda, pero el mal gobierno continúa.

Por María Josefina Arce

Incontables abusos policiales se han cometido en Colombia durante las protestas que desde hace más de un mes sacuden a la nación suramericana. Decenas de muertos, detenciones arbitrarias,  desaparecidos y casos de violencia sexual son algunas de las violaciones de los derechos humanos cometidas.

Y con este panorama de fondo, no se detienen otras transgresiones contra la población civil. Latentes están en territorio colombiano las masacres cometidas por grupos armados vinculados a actividades delictivas como el narcotráfico.

En los  cinco primeros meses de este año los hechos de esta naturaleza sobrepasan los 40 y las víctimas fatales contabilizan 158.

Los pobladores de las zonas rurales no tienen respiro. Han visto como se han venido incrementado los asesinatos, sin una respuesta adecuada del ejecutivo del presidente Iván Duque.

Pero poco se puede esperar de un gobierno que ha restado importancia a las masacres y las ha llamado homicidios. Y que además, ha militarizado las ciudades ante el estallido social provocado por una reforma tributaria y que se convirtió en una protesta contra las desigualdades existentes, la falta de oportunidades para los jóvenes, la brutalidad policial, la violencia y el racismo.

Y es una violencia sin límites la que estremece al país. Numerosos líderes sociales, indigenas, defensores de los derechos humanos y ex combatientes de la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han sido asesinados en los últimos años.

Todo esto a pesar de que los acuerdos de paz suscritos en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia-Ejercito del Pueblo y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos contemplan los mecanismos necesarios para poner fin a esta problemática.

Sin embargo, en 2020, en medio de la emergencia sanitaria por la COVID 19, se registraron en suelo colombiano más de noventa masacres y murieron 381 personas.

De acuerdo con la ONU, el 2020 fue el año que registró el mayor número de masacres desde 2014.

Esta lamentable situación lleva aparejada otra tragedia: los desplazamientos forzosos. Cerca de 32 mil personas se vieron obligadas el pasado año a abandonar sus hogares a causa de los grupos armados irregulares que operan en varias regiones del país.

Los departamentos de Nariño, Antioquia, el Chocó, Norte de Santander, Córdova y Cauca fueron los más afectados.

El último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados revela que Colombia ocupa el primer lugar a nivel mundial en número de personas expulsadas de sus lugares de residencia.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz lamentó que la actual administración continúe ausente en estos territorio, donde los grupos irregulares imponen sus decisiones, buscan controlar las rutas del narcotráfico y tener bajo su mando a campesinos, indigenas o afrocolombianos.

El miedo, la violencia y la muerte es lo que impera en varias regiones de Colombia, donde el estado no llega, no cumple con lo estipulado en los acuerdos de paz y ha dejado a su suerte a sus pobladores que sin dudas, están inmersos en una crisis humanitaria.