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Por María Josefina Arce.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou enfrentó por estos días un nuevo paro nacional en contra de las difíciles condiciones de vida que enfrenta buena parte de la ciudadanía de Uruguay y en demanda de medidas efectivas para contener la COVID 19.
La protesta fue contra el hambre y la desigualdad que ha ido ganando terreno en la nación suramericana ante el complejo panorama creado por la dolencia y que no ha estado debidamente acompañado de acciones a favor de los más humildes.
En poco más de un año de pandemia en Uruguay hay más de cien mil nuevos pobres y siete mil personas cayeron en la indigencia, en un país de poco más de tres millones de habitantes.
La crisis vinculada a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus no solo aumentó el número de uruguayos en condición de pobreza e indigencia, también generó una mayor desigualdad en el reparto del ingreso.
En medio del complicado panorama sanitario, ya se contabilizan casi 350 mil contagiados y más de cinco mil fallecidos, el desempleo y el salario son también preocupaciones de la sociedad.
Al concluir el pasado año el índice de ciudadanos sin trabajo se elevó a 10,5 %. En Montevideo, la capital, el indicador se situó en 8,4% y en las zonas del interior la situación es mucho más complicada, pues se incrementó a casi 12%.
El sector femenino fue el más golpeado, al registrar un desempleo cercano al 13 %, mientras que en los hombres la tasa fue de 8,7%.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, 25% de la población económicamente activa son trabajadores informales, quienes sufrieron con mayor rigor las limitaciones impuestas por la dolencia.
La institución reveló asimismo, que el año pasado casi 12% de la población percibió ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
Legisladores de la oposición señalaron que el gobierno debe tomar medidas más contundentes en lo sanitario, económico y social para evitar que la situación se deteriore más.
Mario Bergara, senador del izquierdista Frente Amplio, afirmó que el desempleo, la informalidad, el cierre de empresas pequeñas y medianas y la pobreza son evitables.
Amplios sectores de Uruguay han calificado de fracasada la estrategia sanitaria, económica y social del gobierno del derechista Lacalle Pou, que ha llevado a un empeoramiento de las condiciones de vida de gran parte de los uruguayos y a un aumento en los últimos meses de los casos de COVID 19.
