Por: Roberto Morejón

Tras permanecer desaparecida más de 100 días, el cuerpo sin vida de la salvadoreña Flor María García fue  encontrado, y todo apunta a un nuevo caso de violencia de género, flagelo en aumento en América Latina en tiempos de pandemia.

El Salvador figura entre los países con más alto índice de feminicidios en la región, donde en 2019 al menos 4 mil 640 mujeres resultaron víctimas de actos extremos, según estadísticas de la CEPAL , Comisión Económica de la ONU para América Latina.

Se trata de un incremento de 31 por ciento con respecto al año precedente, pero los cálculos reflejan nuevas alarmas cuando se evoca lo ocurrido en 2020, año de explosión del nuevo coronavirus.

Si bien las estadísticas NO llegan a esa fecha, los entendidos apuntan hacia un recrudecimiento de la situación irregular de las mujeres, en tanto el confinamiento por la Covid-19 acrecentó la promiscuidad y el hacinamiento.

Además, apunta la CEPAL , durante el obligado encierro las féminas tuvieron un menor acceso a redes de apoyo, activistas y otros asideros, indispensables para sobrellevar e incluso denunciar la persecución.

Lógicamente, los hospitales colapsados por la vigilancia a pacientes aquejados de la enfermedad letal de origen respiratorio tampoco pudieron atender, como requerían, a víctimas de los excesos contra el mal llamado sexo débil.

De manera que en tiempos de pandemia, América Latina y el Caribe hicieron valer la condición de una de las regiones más violentas del mundo, al reportar 34 por ciento de las muertes por causas de radicalismo extremo.

En esa estadística las mujeres ocupan un indeseado rango cimero mediante diversas modalidades, como la clásica violencia sexual y los robos, abuso policial y trata de personas.

Hasta las economías sienten el alcance de tales abusos, al perjudicar el capital humano, la productividad y obligar a las instituciones a gastos de salud y seguridad.

Más allá de balances y recuentos, lo peor es el hábito de algunas sociedades de convivir con los reportes de los apremios contra mujeres, niñas y niños, con frecuencia por hábitos ancestrales, deficiencias de los sistemas educativos y el arraigo de la impunidad.

La familia de la salvadoreña Flor María García tiene derecho a esperar porque su feminicidio sea castigado judicialmente.