Foto: Milenio.

Por: Guillermo Alvarado

El recién finalizado mes de junio fue el cuarto más mortal por la pandemia de covid-19 en Brasil, con la cifra de 55 mil 275 fallecidos lo que da el alucinante promedio de 76,7 personas que perdieron la vida a cada hora, un registro luctuoso derivado de la mala gestión del gobierno federal.

La cifra total de muertos en el Gigante Sudamericano desde que se informó del primer caso a principios de 2020 es de 518 mil, de los cuales más de la mitad se podrían haber evitado si se toman desde el principio estrictas medidas sanitarias y sociales para contener el virus.

En lugar de eso, el presidente Jair Bolsonaro y sus colaboradores no sólo obstaculizaron las iniciativas de algunos gobernadores de declarar el aislamiento, sino propiciaron conductas inapropiadas como la negativa a usar mascarilla y practicar reuniones públicas sin distanciamiento social.

También se hizo caso omiso a las advertencias de especialistas, lo que provocó tragedias como la ocurrida en Manaos donde miles de enfermos murieron por falta de oxígeno medicinal.

Brasil se convirtió así en el segundo país del mundo en número de decesos y el tercero en cantidad de casos y aunque hubo un ligero descenso en las últimas semanas, la situación hospitalaria es crítica en algunos estados.

Pero eso no es todo, porque este jueves la jueza del Tribunal Supremo, Rosa Weber, envió una petición a la fiscalía para que se investigue a Bolsonaro por el presunto delito de malversación en la compra de un lote de vacunas.

De acuerdo con informaciones publicadas en ese país, un cabo del ejército que actúa como representante de una empresa que dice trabajar de intermediaria para AstraZeneca, declaró ante el Senado que recibió una petición de soborno de un alto funcionario del ministerio de Salud.

En concreto, le habrían pedido un dólar por cada dosis, a cambio de firmar un contrato para adquirir 400 millones de vacunas de esa farmacéutica.

Bolsonaro fue informado de esa irregularidad, pero se abstuvo de hacer la denuncia a la policía y cuando estalló el escándalo se limitó a cancelar el convenio.

Además de la solicitud de la jueza Weber, esta semana varios partidos políticos y organizaciones sociales y laborales presentaron un pedido de juicio político contra el presidente, a quien se le atribuyen 23 crímenes de responsabilidad, entre ellos negligencia en la gestión de la crisis sanitaria.

Esta petición tiene poco margen de éxito, porque el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, es un aliado y acérrimo defensor de Bolsonaro. 

A cada 10 segundos mueren casi 13 brasileños por covid-19, suficiente razón para que el gobierno federal sea castigado con toda la fuerza de la ley y la moral.       FIN