Mural "¿Quién dio la orden"?, con los rostros de 12 generales del Ejército (activos y retirados) a las afueras de la sede de la JEP, en Bogotá. Cinco días después amaneció cubierto con pintura negra.

Por: Guillermo Alvarado

Sin duda alguna la principal noticia recibida esta semana desde Colombia, uno de los países más violentos del continente, tiene que ver con la acusación formal contra diez militares y un civil, presuntos responsables de la muerte de 120 personas en el caso conocido como “falsos positivos”.

La medida la tomó el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, un organismo creado por los acuerdos firmados entre el gobierno del entonces presidente Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para poner fin a casi seis décadas de guerra.

El objetivo de la entidad es juzgar y sancionar a los responsables de crímenes y violaciones graves a los derechos humanos, que hubiesen cometido las dos partes a lo largo del conflicto armado interno.

Se trata de la primera ocasión en que los encartados son miembros del ejército vinculados con el escándalo de los falsos positivos, una acción que consistió en asesinar a jóvenes para luego hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate y obtener premios, ascensos y otros privilegios.

Aunque en este caso se hace mención sólo a 120 de las víctimas de esta reprochable conducta, en realidad fueron alrededor de seis mil 400 civiles los muertos de esta manera entre 2002 y 2009.

Se calcula que el 78 por ciento de las muertes ocurrieron durante el período del ex presidente Álvaro Uribe, quien creó un sistema de reconocimientos a las unidades militares que acreditasen haber causado bajas al adversario.

Así se propició la práctica de reclutar a jóvenes para supuestos trabajos a realizar en lugares alejados de sus viviendas, quienes después eran ejecutados y sus cuerpos vestidos con uniformes similares a los de los alzados.

El escándalo estalló en 2008 y desde entonces algunos mandos del ejército fueron enviados a los tribunales, que trataron el asunto como “casos aislados”, sin relación unos con los otros.

Ahora, sin embargo, la JEP determinó la existencia de un patrón de macro criminalidad dentro del cual podrían estar involucrados más de mil militares, que repitieron estos actos en por lo menos diez departamentos de Colombia.

A pesar de las evidencias, Uribe ha rechazado cualquier responsabilidad y, de hecho, es uno de los más activos opositores a los Acuerdos de Paz de 2016, en particular de la existencia de la JEP.

Se trata de una herida abierta en la sociedad colombiana, de las tantas provocadas por más de medio siglo de guerra interna y violencia donde participan una gran diversidad de actores, entre ellos el crimen organizado y los grupos armados irregulares al servicio de los terratenientes.

Demasiados ingredientes para hallar fórmulas reales de reconciliación.