Proceso de recogida de firmas. Imagen/Prensa Latina

Por María Josefina Arce

Más de 790 mil firmas se recogieron en Uruguay para llevar a referendo la Ley de Urgente Consideración, que desde su aprobación en julio pasado ha sido ampliamente cuestionada por gran parte de la sociedad al calificarla de un retroceso democrático y una amenaza a los derechos humanos.

En 125 mil rúbricas se sobrepasó el número necesario para habilitar la consulta popular, impulsada  por organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, ambientalistas y de derechos humanos.

Todo el proceso se desarrolló en medio de las dificultades de movilización impuestas por la COVID 19 y de la negativa del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou de dar un espacio en la cadena nacional de radio y televisión para informar a la población sobre este tema de alto interés público.

Las firmas se entregaron a la Corte Electoral que deberá ahora validarlas para poder efectuar el referendo, un reclamo de muchos uruguayos que critican buena parte de su contenido.

La Corte tiene un plazo de 150 días hábiles para analizar las rúbricas y si son validadas, tiene otros 120 días para llamar a la consulta. 

Marcelo Abdala, secretario general de la PIT-CNT, subrayó que ahora existe la posibilidad de un debate público, que faltó cuando la coalición gobernante de derecha impuso su mayoría parlamentaria.

Se busca anular 135 de los 476 artículos de la denominada LUC que, como se cuestiona, fue sancionada en tiempo récord por el Congreso por los partidos de la coalición gubernamental, Nacional, Colorado, Independientemente, de la Gente y Cabildo Abierto.

La oposición reclamó desde un principio la apresurada aprobación en medio de una emergencia sanitaria, sin un exhaustivo análisis que aportara ideas y sugerencias.

La norma abre el camino para el uso de la fuerza policial. Al regular el derecho a la huelga y declarar ilegítima cualquier manifestación en espacios públicos o privados que afecte la circulación de personas, bienes o servicios da vía libre para el empleo de la policía para disolverla.

Igualmente amplía el concepto de legítima defensa, extiende de 2 a 4 horas el tiempo que tienen los uniformados para informar a la Fiscalía de la detención de una persona y otorga potestad a policías y militares para registrar personas y autos durante procedimientos que califica de "preventivos rutinarios" .

En materia educativa la LUC incentiva la privatización y la reducción del papel del estado, en medio de un recorte presupuestario del gobierno a esta vital esfera.

Tras 15 años de mandato del izquierdista Frente Amplio y de reconocidos logros del país suramericano, la Ley de Urgente Consideración, pilar de la política neoliberal de Lacalle Pou, constituye un enorme retroceso en diversos aspectos como la economía, educación, seguridad, relaciones laborales y derechos humanos en general .