Todavía está latente el caso de Chevron que ocasionó irreparables
daños en la salud de los pobladores de la Amazonía ecuatoriana
Foto: Archivo/RHC

Por María Josefina Arce (RHC)

Poco más de una década después Ecuador retorna al CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un mecanismo del Banco Mundial, y en el que, como se ha evidenciado, cuentan más los intereses de las transnacionales que los derechos de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente de los países en los que invierten.

Con el argumento de que la nación suramericana necesita ampliar sus relaciones comerciales y buscar inversores, el jefe de estado ecuatoriano, el ex banquero Guillermo Lasso, ratificó oficialmente el regreso a esa instancia.

Ya el pleno de la Corte Constitucional había resuelto que la vuelta a ese instrumento no requiere de aprobación de la Asamblea Nacional ni de dictamen previo vinculante de constitucionalidad, un paso para su ratificación estipulado por la Ley de Garantías Jurisdiccionales.

La decisión ha encontrado oposición en varios sectores. Salvador Quishpe, legislador del Movimiento indígena Pachakutik, señaló que volver al CIADI, violando la Constitución,  es preparar el camino para más pobreza entre los ecuatorianos y más riqueza para las empresas, a través de los Tratados de Libre Comercio, privatizaciones y proyectos extractivistas.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leónidas Iza, expresó también su rechazo al regreso del país a ese organismo, adscrito al Banco Mundial.

Por su parte, el ex candidato presidencial  Andrés Arauz, apuntó que pronto veremos cómo ingresan demandas en contra del estado. Ecuador en crisis y Guillermo Lasso, enfatizó el también economista, decide abrir las puertas para que las multinacionales se lleven el dinero, que pudo haber sido invertido en salud, educación, vacunas y reactivación económica.

En 2010 el entonces presidente Rafael Correa determinó la salida del país del CIADI por considerar que el estado ecuatoriano cedía jurisdicción soberana a instancias de arbitraje Internacional, como prohibía la nueva Constitución de Ecuador, aprobada en plebiscito popular dos años antes.

Unas 14 demandas contra Ecuador, en su mayoría de petroleras, se ventilaron de 2002 a 2008 en el CIADI, que se pronunció contra el país en la mitad de ellas lo que obligó al pago de millonarias multas.

De abusivos fueron calificados esos montos, que generaron una gran desconfianza a nivel mundial contra el CIADI por favorecer ampliamente en sus fallos arbitrales al inversor extranjero.

Con toda razón en su momento Correa subrayó que el CIADI significaba colonialismo, esclavitud con respecto a las transnacionales, a Estados Unidos, al Banco Mundial.

Lo cierto es que las multinacionales se apropian de los recursos naturales de otras naciones, en ningún momento tienen en cuenta el bienestar de las comunidades y mucho menos la protección del entorno.

Ecuador lo sabe muy bien, todavía está latente el caso de Chevron que ocasionó irreparables daños en la salud de los pobladores de la Amazonía ecuatoriana y en su biodiversidad.