Armas de fuego Smith & Wesson. Foto / Jim Young / Reuters

Por: Guillermo Alvarado

El gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, dio un paso valiente y firme cuando presentó ante un tribunal federal de Estados Unidos una denuncia contra un grupo de fabricantes de armas, a los que responsabiliza de promover el mercado negro de esos artefactos hacia su país.

De acuerdo con el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la querella tiene como propósito obtener una indemnización por las pérdidas de vidas humanas o lesiones ocasionadas a la población.

Además, se busca que los empresarios en cuestión comiencen a tomar medidas, asuman su responsabilidad y adopten reglas para evitar ese trasiego ilícito porque, dijo el alto funcionario, ellos tienen registros exactos de quién hace compras grandes de pistolas, fusiles y otros pertrechos militares.

Cada año entran por diversas vías ilegales más de medio millón de armas de fuego al país latinoamericano, que van a manos del crimen organizado y su enfrentamiento a las autoridades, o para cometer tropelías contra civiles.

Para nadie es un secreto que desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, impuesta por Washington durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, los arsenales utilizados por ambas partes sobre suelo mexicano vienen de Estados Unidos, unos por el comercio legal y otros por el mercado negro.

 Ebrard aseguró que las empresas demandadas son conscientes de que las armas que producen y comercializan son traficadas y utilizadas para cometer delitos del otro lado de la frontera.

Aun así promueven su venta al público, hacen apología de sus cualidades militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan el intercambio entre particulares, sin mediar la revisión de los antecedentes del comprador ni del origen del arma.

La segunda enmienda a la Constitución, que permite el porte y uso de armas a la población estadounidense, defendida por la Asociación Nacional del Rifle y los políticos cuyas campañas son financiadas por ella, convierte la venta de estos artefactos en algo tan fácil como si fuese un desodorante.

Peor aún, la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que deberían evitar el contrabando, están atadas de manos por legislaciones obsoletas.

Las autoridades no sólo están limitadas para controlar ese tráfico, sino que en ocasiones contribuyen con esa práctica, como reveló un escándalo surgido hace unos años del que podemos hablar en otra ocasión.

Por ahora queda saludar y desear un buen resultado a esta iniciativa del gobierno de López Obrador en México, que no se arredra ante su peligroso vecino.