Foto / ABC Color

Por María Josefina Arce.

Con siete millones de habitantes, en Paraguay la pobreza afecta actualmente a casi 27% de su población, un índice que registró un incremento el pasado año a causa del impacto de la COVID 19 y el insuficiente apoyo gubernamental a los sectores más vulnerables.

El Instituto Nacional de Estadísticas precisó que en 2020 alrededor de dos millones de paraguayos vivieron con ingresos per cápita inferiores al precio de la canasta básica de alimentos y servicios básicos.

En una sociedad excluyente y desigual, los efectos de las medidas para contener la pandemia, como la cuarentena, vinieron a impactar con gran fuerza en los trabajadores. Por demás, de acuerdo con los datos, en el sector informal se emplea 71% de la población económicamente activa que quedó sin fuentes de ingreso.

De ahí que las ollas populares se convirtieron en una constante del panorama de la nación suramericana para proveer de un plato de comida a los menos favorecidos, que ahora ven amenazada esa posibilidad.

Mantenidas en un principio con donaciones de la ciudadanía,  finalmente en septiembre del pasado año el gobierno decidió involucrarse y promulgó la Ley 6603 para apoyar con alimentos está actividad.

Pero en julio último la SEN, Secretaría de Emergencia Nacional, apuntó que ya no se darían más provisiones para unas 450 ollas porque se acabó el presupuesto.

El anuncio ha ocasionado desde el pasado mes manifestaciones, protagonizadas fundamentalmente por mujeres, principales impulsoras de la iniciativa y quienes reclaman fondos pues la crítica situación económica persiste, especialmente para aquellas personas que viven en la periferia de Asunción, la capital.

En los últimos días la policía reprimió una protesta en la capital, en la que los participantes denunciaron que del total de ollas que aparecen en la lista de la SEN al menos 45 tienen como representantes a dirigentes políticos o familiares de funcionarios de la institución estatal.

También denunciaron que en la Ley de Consolidación Económica y Contención Social, aprobada la semana anterior por el Congreso, se eliminó el presupuesto para las ollas populares, el cual se destinará a otras funciones.

Muchas voces se alzaron para cuestionar esa decisión, alegando que el recorte no se hizo del bolsillo de las autoridades, sino de la gente pobre. Es criminal, señalan, que se deje sin comida a cientos de familias, fundamentalmente niños y adultos mayores, quienes gracias a esa iniciativa recibían hasta dos platos de comida.

En Paraguay, donde expertos estiman que el índice de pobreza puede alcanzar en el presente año el 30%, son cada vez más los ciudadanos que no tienen recursos y para quienes las ollas populares son la única opción para alimentarse, en medio de una pandemia que ha dejado a muchos en la calle.