Foto: Archivo/RHC

Por Guillermo Alvarado (RHC)

El secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken (en la foto), dijo que su país mantiene el reconocimiento al impostor Juan Guaidó con el argumento de que las recientes elecciones regionales de Venezuela no fueron válidas, a pesar de la contundente victoria del legítimo gobierno de Nicolás Maduro.

Mantiene así este señor la falsa premisa de que Washington es el árbitro adecuado para determinar cuándo las votaciones funcionan y cuándo no, en dependencia de si el país de que se trate es sumiso o se rebela contra las apetencias de la Casa Blanca.

Para mala fortuna de Blinken, sus prepotentes declaraciones ocurrieron casi al mismo tiempo en que un experto de la ONU dictaminó, ni más ni menos, que en Estados Unidos existen determinadas leyes destinadas a impedir el ejercicio del voto a millones de personas.

De esta manera resumió su visita el relator especial sobre asuntos de minorías, Fernand de Varennes,  quien aseguró que en muchas zonas de ese país evidentemente hay una “cuasi tiranía” de las mayorías blancas, empecinadas en reservarse para ellas el derecho de escoger a las autoridades.

En una videoconferencia, de Varennes dijo que Estados Unidos tiene una legislación incompleta en materia derechos humanos y su protección.

Tal deficiencia, dijo, conduce a que millones de estadounidenses, en especial los miembros de minorías étnicas, sufran “desigualdad, discriminación e incluso exclusión”, así como de un aumento en los discursos de odio y crímenes derivados por esta situación.

“Los miembros de la comunidad negra en ese país tienen mucho menos posibilidades de participar en elecciones locales y federales, y muchas más de ser encarcelados y menospreciados en las redes sociales”, afirmó de Varennes.

También advirtió que en Estados Unidos funcionan diferentes  niveles de ciudadanía, en referencia a la población de Puerto Rico, territorio reclamado por Washington como “libre asociado”, pero cuyos habitantes no pueden votar para elegir al presidente del país.

¿Se imaginan ustedes la gritería que habría en Miami y otros sitios si estas anomalías ocurrieran, por ejemplo, en Cuba, Nicaragua o Venezuela?

Pues resulta que en la democracia perfecta, como se creen los Estados Unidos, negar u obstaculizar el derecho al voto a millones de negros, asiáticos o hispanos, incluso a blancos pobres y desamparados, no sólo es legal, sino que está refrendado por el máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia.

Si alguien piensa que esto es una exageración, le recomiendo revisar las legislaciones sobre la restricción al voto aprobadas este año en Texas y Arizona, por citar dos ejemplos nada más.