Foto: Archivo/RHC

Por Guillermo Alvarado (RHC)

Como se conoce, el presidente de Perú, Pedro Castillo (en la foto) logró evadir un juicio parlamentario por presunta “incapacidad moral permanente” para gobernar, pero eso sólo significa la victoria en una batalla, porque la guerra de la derecha contra su gestión se mantiene prácticamente intacta.

La maniobra encabezada por los partidos Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, este último de Keiko Fujimori, hija del exdictador del mismo apellido, sólo alcanzó 46 de los 52 votos necesarios para admitir a debate en el Congreso el proceso contra el gobernante.

Hubo, afortunadamente, la lucidez suficiente en Perú Libre, la formación política que impulsó la candidatura de Castillo, para darse cuenta de que abandonar en estos momentos al presidente significaba, ni más ni menos, su suicidio como organización.

Sería este un buen momento para superar las contradicciones abiertas entre el mandatario y el partido, todavía de gobierno, para salvar un plan de trabajo sometido a fuego por sus adversarios desde el primer día de gestión.

Hay que decir que la presencia del profesor rural en la sede del Ejecutivo ha dado a la derecha los argumentos suficientes para superar sus diferencias.

De esta manera consiguieron eliminar por completo al primer gabinete nombrado por Castillo, quien se vio forzado a abandonar algunas de sus promesas de campaña, entre ellas la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna.

Para eso el Congreso de la República consiguió aprobar un proyecto que prohíbe la celebración de un referendo popular sobre el destino de la Ley Fundamental del país andino.

De ahora en adelante, el fantasma de la destitución por supuesta incapacidad moral estará pendiendo, cual Espada de Damocles, sobre el gobierno.

Esta es una herramienta absurda, que viola en la práctica el derecho al voto y la capacidad del pueblo de elegir a sus gobernantes y lo sustituye por el capricho del, o los partidos dominantes en el Legislativo.

Se trata de una norma existente desde que Perú nació como República, pero que se aplicó muy pocas veces. El primer presidente peruano, José de la Riva Agüero, fue destituido de esa manera en 1823 y el siguiente caso ocurrió casi un siglo más tarde, en 1914 contra Guillermo Billinghurst.

A partir de allí cayó en desuso hasta que el legislativo la utilizó para deponer a Alberto Fujimori, en el año 2000, y en los últimos tiempos se convirtió en un arma política que crea inestabilidad, descontento popular y caos y no resuelve los problemas de fondo en ese país.