Por María Josefina Arce

Ni convenios, conferencias y compromisos internacionales han logrado eliminar en el mundo el trabajo infantil, una problemática que se agudizó con la emergencia sanitaria mundial por la COVID 19 y la difícil situación económica generada, que afectó con mayor fuerza a las familias más humildes.
 
De acuerdo con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y UNICEF, Fondo de la ONU para la Infancia, en 2020 se elevó a 160 millones el número de menores que realiza alguna labor que va en contra de su salud y seguridad.
 
El panorama no parece ser alentador para los próximos meses. Las organizaciones internacionales alertaron que a escala mundial hasta finales del venidero año nueve millones más de infantes corren el riesgo de verse obligados a trabajar como consecuencia de la pandemia que ha llevado a la pérdida de empleo e ingreso de la familia.
 
En Cuba han quedado atrás aquellos tiempos en que era habitual ver en las calles a niños vendiendo periódicos, limpiando zapatos o realizando labores domésticas en casas de personas pudientes, ocultos a la vista de la sociedad.
 
El triunfo revolucionario, de enero de 1959, trajo un cambio radical y abrió un futuro distinto para los más jóvenes. En nuestro país los niños y adolescentes son privilegiados. Se trabaja por su desarrollo integral, se vela por su derecho a la salud, la educación, el deporte y el sano esparcimiento.
 
Todo un grupo de leyes y medidas  resguardan las prerrogativas de ese sector, que representa 21% de la población total del país. Aquí la prohibición del trabajo infantil es uno de los principios fundamentales que rigen el derecho al trabajo.
 
En Cuba, como expresara el presidente Miguel Díaz Canel, el estado protege a los menores de cualquier explotación y vela por ellos, de acuerdo con instrumentos y compromisos internacionales.
 
A esto se suma que ninguna familia quedó desamparada durante la pandemia. Se buscaron múltiples alternativas para no afectar los ingresos de los núcleos familiares como el trabajo a distancia y la reubicación momentánea en otros puestos laborales.
 
Asimismo, se mantuvo el aprendizaje de los niños y adolescentes, a través de distintas opciones como las clases por televisión e Internet. En estas iniciativas estuvieron involucradas numerosas instituciones que apoyaron los esfuerzos de las autoridades educativas.
 
Cuba es reconocida a nivel internacional por garantizar el derecho a la educación. Las estadísticas así lo demuestran. La tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria es de 99,1% y en la secundaria de 96,4%, al tiempo que presenta altos índices de paridad de género en todos los niveles educativos.
 
Un logro destacable es la atención que presta el estado a los menores sin amparo filial y a los que presentan alguna incapacidad física o mental. Su incorporación a la sociedad y su bienestar es una prioridad.
 
A pesar de los obstáculos que durante casi 60 años ha impuesto el bloqueo norteamericano, siempre ha existido un compromiso y voluntad política del gobierno y sus instituciones de mantener los logros en materia de protección de los niños y jóvenes, quienes son el futuro de la Patria.