Muchos salvadoreños califican a Bukele de autoritario. Foto: Archivo/RHC

Por María Josefina Arce (RHC)

Aunque todavía cuenta con aceptación, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ve como poco a poco se va resquebrajando ese apoyo y crece la desconfianza de la sociedad en su gestión.

Así lo evidencia la nueva manifestación efectuada en los últimos días en contra del rumbo que sigue la pequeña nación centroamericana. Es la tercera protesta en lo que va de año contra el presidente, calificado por muchos salvadoreños como autoritario.

Son varios los hechos y medidas adoptadas por el mandatario que han hecho aumentar el descontento. Las dudas comenzaron cuando en febrero de 2020 militarizó la sede de la Asamblea Legislativa para presionar a sus miembros a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares destinado a financiar un plan de seguridad.

En los últimos meses, en conjunto con el nuevo Parlamento, afín a sus designios, cesó al Fiscal General y  reemplazó a la Sala Constitucional. El actual órgano decidió permitir la reelección de Bukele, pese a que la Constitución prohíbe esa opción.

Numerosas fueron las críticas al rejuego del mandatario. Óscar Ortiz, secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, señaló que se concretó uno de los golpes más grandes a la democracia y la Constitución.

También generó fuertes cuestionamientos la casi inmediata reacción del Tribunal Supremo Electoral, que anunció que acataría la sentencia que manda a inscribir la candidatura a la reelección si Bukele lo solicita.

Nada bien recibido por la ciudadanía fue el decreto 144 que llevó al despido de todos los jueces mayores de 60 años de edad o con 30 años de experiencia, lo que representa un tercio de los magistrados de la nación.

La adopción en septiembre pasado del bitcoin como moneda de curso legal vino a caldear aún más los ánimos en el país, donde 32% de su población vive en la pobreza y no tiene acceso a las nuevas tecnologías, imprescindibles para las operaciones con la criptomoneda.

Rechazo e incertidumbre provocó la decisión presidencial, aprobada por la Asamblea Legislativa, y que, de acuerdo con los expertos, ha llevado a pérdidas en las inversiones del gobierno, que no obstante, sigue defendiendo la medida económica.

Las encuestas de opinión revelan que al menos cuatro de cada diez salvadoreños estiman que la economía del país empeorará tras la entrada en vigencia de la criptomoneda.

Lo cierto es que una vez más los grandes perdedores son los sectores más humildes, para los que la COVID-19 supuso una mayor carga por la pérdida de empleos y de ingresos.

En dos años de mandato, Bukele ha ido concentrando  el poder en sus manos, pero  sus imposiciones y su afán de quedarse en la presidencia le ha ido restando seguidores y apoyo a su gestión.