Por: María Josefina Arce

En 2017 Puerto Rico se declaró en bancarrota, ante la imposibilidad de pagar su deuda pública de más de 70 mil millones de dólares. Ya ante esa situación, Estados Unidos había aprobado un año antes la mal  llamada Ley Promesa, un mecanismo más del dominio colonial que ejerce sobre la nación latinoamericana, la cual intenta presentar al mundo bajo la engañosa condición de Estado Libre Asociado.

Con Promesa se instauró la Junta de Supervisión y Administración Financiera para reestructurar el débito de Puerto Rico, una autoridad no elegida democráticamente, cuyos miembros fueron designados por el presidente de Estados Unidos, en ese entonces Barack Obama.

Luego de cinco años de negociaciones, la justicia norteamericana dio luz verde en los últimos días a un Plan de Ajuste para reformar una deuda calificada de ilegal por juristas, economistas y otros sectores puertorriqueños.

Numerosas son las objeciones a este plan, que para muchos solo empeorará las dificultades económicas de la nación latinoamericana, que en medio de este proceso enfrentó en septiembre de  2017 el paso devastador de los huracanes Irma y María, un terremoto tres años después y ahora la emergencia sanitaria por la Covid-19.

Lo cierto es que se verán afectados servicios básicos para la población, al irse a una reducción del presupuesto del estado, lo que tendrá un gran  impacto por ejemplo, en la educación, en específico en la estatal Universidad de Puerto Rico. Una asignación fija por cinco años quita estabilidad a la más importante institución académica del país.

Aunque el plan mantiene el pago de las jubilaciones de los funcionarios públicos, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que elimina toda posibilidad, por lo menos en un plazo de diez años, de un aumento de las pensiones ante el incremento del costo de la vida.

Ante los recortes existe temor por la capacidad de Puerto Rico para reanudar el crecimiento y evitar afectar los programas contra la pobreza, que hoy aqueja a 52,3 % de la población.

La situación es insostenible entre la infancia. Cincuenta y ocho por ciento de ese segmento poblacional se encuentra afectado por ese flagelo, mientras que la pobreza extrema se situa en 37%.

Diversos sectores han denunciado que el panorama económico se está deteriorando rápidamente, lo cual no deja dudas sobre la inviabilidad del Plan de Ajuste.

Para muchos representa el comienzo de una larga condena para el pueblo de Puerto Rico, además de que con su aprobación, quedarán impunes los responsables del desastre fiscal.

Puerto Rico se enfrenta a un futuro incierto. Los expertos señalan que el país podría terminar en una segunda quiebra, peor que la primera, y que además, no se vislumbra el fin de la Junta impuesta por Estados Unidos.