RHC

Por: Roberto Morejón

Nuevamente los cubanos recibieron la exhortación a aportar opiniones y sugerencias, esta vez en torno a un importante texto jurídico en ciernes, el proyecto de Ley del Código de las Familias.

 Hasta el 30 de abril, los ciudadanos tendrán la oportunidad de intervenir en una reunión en su demarcación, donde se abordará la versión 24 del esbozo de normativa.

 El texto, ampliamente discutido con anterioridad en círculos de juristas, otros especialistas y en el parlamento, recibe la atención máxima del Estado y se espera que también se interesen los ciudadanos, dada su importancia para la sociedad. 

 La plataforma a considerar expresa la diversidad alcanzada en la institución familiar en la mayor de las Antillas y la dinámica de los nuevos tiempos, acorde con las características socio-económicas y tradiciones locales.

 Coherente con la Carta Magna aprobada mayoritariamente en referendo, el proyecto del Código de las Familias es reflejo del carácter humanista del proyecto de justicia social en construcción por los  cubanos, NO sin dificultades y escollos.

 A juzgar por expertos en materia legal, el esbozo de Código sometido a la mirada acuciosa de casi siete millones de cubanos refleja los rigores de la ciencia del Derecho de familia, la práctica judicial nativa y experiencias de otros países.

 Uno los aspectos a resaltar en la preceptiva que luego de cosechar los criterios correspondientes pasará de nuevo a la Asamblea Nacional del Poder Popular, es el de amparar la pluralidad y diversidad, inclusión, igualdad y no aislamiento de los núcleos constituidos en el ámbito hogareño. 

 Para las personas de la tercera edad existe en el proyecto de Código un amparo a su derecho a una vida digna, además de responsabilizar a la familia en la atención a los requerimientos espirituales y materiales en la etapa crucial de la longevidad.

 Es más, el bosquejo de Código de las Familias admite el derecho de la persona adulta mayor a elegir el lugar de residencia y con quién desea vivir, al tiempo que determina disposiciones para erradicar posibles actos de violencia y segregación.

 En una sociedad como la cubana, con marcado envejecimiento poblacional, el énfasis en el amparo a los adultos mayores indica, entre otros aspectos, el apego del texto a las garantías de más justicia y equidad.