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Por María Josefina Arce.

Durante la campaña electoral y en su discurso de asunción el pasado 27 de enero como presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha tenido muy presente a los ciudadanos afectados por la pobreza,  un flagelo que hoy abarca a 71% de los casi diez millones de habitantes del país centroamericano.

Un tema varias veces abordado fue la necesidad de ayudar a los hondureños menos favorecidos a acceder de manera gratuita a la energía. En ese camino a pocos días de asumir el cargo Xiomara Castro ha enviado al Congreso una propuesta para que más de un millón 300 milL ciudadanos pobres cuenten con ese servicio gratis.

Para ello es necesario transformar la Ley General de la Industria Eléctrica, que no permite que se subsidie a los desfavorecidos. Pero el camino no será nada fácil, con un órgano legislativo con desacuerdos políticos y fragmentado que puede frenar el accionar del nuevo gobierno para resolver los graves problemas existentes, resultado de 12 años de un modelo neoliberal.

Sin dudas, la agenda de Castro va a enfrentar resistencia de los poderes privados que no tienen interés en avanzar en un mejoramiento de las condiciones de vida de los hondureños, ni en combatir la corrupción e impunidad que beneficia a muchos políticos.

La situación heredada de la administración de Juan Orlando Hernández es bien compleja en diversos aspectos. Uno de ellos es la abultada deuda de 80 mil millones de lempiras, más de tres mil millones de dólares, de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Un grave problema que amenaza las finanzas públicas y que se traduce en facturas eléctricas más altas para el pueblo, nuevos impuestos y la gran limitante para dedicar fondos a otras importantes áreas para el bienestar ciudadano como la salud y educación.

Cómo señalan los expertos esta situación también es un freno para la inversión nacional y extranjera, por la inexistencia de un sistema eléctrico fuerte.

Las nuevas autoridades han denunciado la existencia de contratos sobrevalorados y amañados para favorecer intereses privados y que han desangrado a la empresa estatal.

Precisaron que a lo largo de estos años se han otorgado decenas de contratos de generación de energía solar, térmica e hidroeléctrica a precios onerosos y lesivos al interés nacional.

Aunque el nuevo gobierno trabaja en un plan de reducción de perdidas de la empresa, el problema no se resolverá fácilmente, pues se ha ido agrandando a lo largo de 12 años.

Xiomara Castro, quien llegó a la presidencia con una alta aceptación popular, se enfrenta a un difícil escenario. Un país con una condición de pobreza, inseguridad y corrupción muy grande, con una debilitada institucionalidad y la resistencia de quienes no quieren ver afectados sus intereses particulares.