Por María Josefina Arce.

En este mes se inició en Cuba la consulta popular sobre el anteproyecto del nuevo Código de las Familias, el cual, coinciden los expertos, muestra un significativo avance en la protección de las personas que, por su condición, pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad y que abarca desde niños y adultos mayores hasta a quienes tienen capacidades diferentes.

La atención a estos ciudadanos y la búsqueda de su reinserción en la sociedad ha sido siempre una preocupación del gobierno. Cuba cuenta con un total de ocho programas nacionales en el área de la salud que garantizan el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas.

Igualmente se estimula la preparación educativa de quienes tienen necesidades especiales, con vistas a su ingreso en la universidad.

Es válido aclarar que junto a esas y muchas más acciones de las autoridades, la protección a este sector también está reflejada en el Código que rige actualmente, pero los tiempos cambian, surgen otras exigencias, necesidades y desafíos que requieren una nueva visión, manera de actuar y mecanismos para garantizar las prerrogativas de todos los ciudadanos.

De hecho el texto insiste en la igualdad de condiciones y en la defensa del derecho a la autodeterminación de estas personas, que también tienen voz y son una parte importante de la sociedad.

Especialmente destacable es que refleja su derecho a formalizar matrimonio o constituir una unión afectiva, a tener hijos y acceder a técnicas de reproducción humana asistida.

El documento compromete, señalan los expertos, a los organismos y organizaciones de la sociedad y el estado a promover programas encaminados a incentivar actitudes favorables en todos los ámbitos.

Es un propósito que no sea discriminatorio, ni impositivo el apoyo y salvaguarda de este segmento poblacional cuyas potencialidades y capacidades son distintas.

Arduo ha sido el trabajo de los últimos meses para llegar a este nuevo texto, acorde a situaciones y problemáticas actuales y en consonancia con la Constitución aprobada en 2019 y con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El anteproyecto del Código de las Familias, sobre el cual hoy la ciudadanía emite criterios, profundiza la protección estatal, familiar y social, y es una muestra de la voluntad política de avanzar en cuanto a justicia social.