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Por: Guillermo Alvarado

Argentina tiene un diferendo histórico con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y otros territorios insulares del Atlántico sur, que fueron ocupados desde 1833 en sendos actos de piratería y que provocaron un conflicto armado hace 40 años.

Sin embargo, no es este el único caso en que intereses foráneos ponen en entredicho la integridad territorial de la nación sudamericana, porque en los últimos tiempos salieron a la luz otros conflictos de esta índole en la extensa región de La Patagonia.

Hace pocos días se realizó la sexta marcha organizada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, con el propósito de protestar por el cierre de todos los caminos de acceso al Lago Escondido, un objetivo turístico e importante reserva de agua dulce.

La medida arbitraria la ordenó el empresario británico Joseph Lewis, considerado como uno de los hombres más adinerados del mundo, quien de manera ilegal compró 12 mil hectáreas de terrenos en la provincia de Río Negro, que incluye el área lacustre.

Hay denuncias de que mantiene allí un fuerte contingente paramilitar y recientemente construyó una pista donde pueden aterrizar aviones de guerra.

Lewis mantuvo una estrecha relación con el expresidente Mauricio Macri, quien en más de una ocasión fue huésped en esa propiedad y mandó a archivar las investigaciones contra el magnate.

Otro caso lo protagonizó la transnacional de origen italiano Benetton, que en complicidad con el antiguo gobernante Carlos Menem se apropió de dos millones de hectáreas de tierras que en realidad pertenecen a la comunidad Mapuche, que libra desde entonces una batalla legal para recuperarlas.

Fue precisamente en medio de estas luchas que murió en circunstancias nunca aclaradas del todo el joven Santiago Maldonado, cuyo deceso levantó oleadas de protestas dentro y fuera del país.

Si bien existen leyes en Argentina para regular la propiedad del suelo, en la actualidad hay 12 millones y medio de hectáreas en manos de extranjeros, que representan 622 veces la extensión de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

De ellas hay dos millones de hectáreas cuyos propietarios son desconocidos, porque se ocultan detrás de empresas offshore creadas en paraísos fiscales.

Es un problema grave que afecta no sólo a las comunidades indígenas sino que abre las puertas a la explotación irregular de recursos naturales estratégicos, entre ellos los bosques y el agua, indispensables para la vida y el bienestar de la población.