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Por María Josefina Arce.

En los últimos años la minería ilegal se ha expandido vertiginosamente por América Latina y se ha convertido en otra causa de la destrucción de la Amazonía. Deforestación, pérdida de ecosistemas y contaminación de aguas, suelos y atmósfera son algunos de los impactos de este fenómeno, que pone en riesgo la salud de las poblaciones locales, fundamentalmente indígenas.

De acuerdo con estudios, en el llamado pulmón del planeta se localizan más de dos MIL puntos de extracción no autorizada y unos 30 ríos donde se desarrolla esa actividad y que sirven como ruta para la entrada de maquinarias y salida de los minerales.

Napo, una de las 24 provincias de Ecuador y situada en la región amazónica, es una de las zonas más afectadas. Las estadísticas muestran que solo entre octubre de 2021 y el pasado mes de enero, la minería ilegal se apoderó de 70 hectáreas del margen izquierdo del río Jatunyacu. No ha corrido mejor suerte Yutzupino, que, de acuerdo con los expertos, se ha secado en gran parte por la minería ilegal desde hace unos cinco años.

La presencia en los afluentes de cobre, hierro, manganeso, plomo y zinc supera hasta en 500% los límites permitidos. Estos metales pesados pueden transferirse a los seres humanos a través de la cadena trófica o alimentaria.

Las constantes denuncicias de las últimas semanas llevaron a que en días recientes se realizara un operativo de las fuerzas militares en Yutzupino, en el que fueron decomisadas decenas de retroexcavadoras y equipos de extracción de oro y otros minerales.

Sin embargo, ante la delicada situación, organizaciones indígenas de Napo declararon la emergencia en la provincia. La región amazónica de Ecuador, señalaron, se mantendrá en constante denuncia y movilización.

Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, denunció que en Napo continúa la extracción minera, aún cuando finalmente el gobierno decretó una suspensión temporal.

Lo cierto es que los reclamos de las poblaciones afectadas han sido ignorados, son muchos los intereses. De ahí que los indígenas exijan el fin de la impunidad, y que se investigue a las autoridades locales, jueces y fiscales por irregularidades en los procesos judiciales contra esa actividad ilegal.

Solicitan además, un diagnóstico integral de la salud de los habitantes de las comunidades asentadas en las riberas de los ríos por posibles afecciones y enfermedades causadas por la contaminación ambiental.

La Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008 bajo el mandato del entonces presidente Rafael Correa, señala que las provincias amazónicas forman parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. 

No obstante, la realidad es otra. No ha habido una respuesta adecuada y rápida contra la minería ilegal, que además ha convertido a la región en un espacio de violencia e inseguridad para sus pobladores.

Por demás, la política del gobierno del presidente Guillermo Lasso de expander rápidamente la minería en la Amazonía también trae aparejado,  han denunciado diversas organizaciones, el incremento de esa actividad de manera ilegal.

Las comunidades indígenas defienden su derecho a vivir en un entorno protegido y saludable, como es su relación diaria con el medio ambiente y que constituye una lección para muchos que por dinero se empeñan en destruir nuestro planeta.