Encarcelamiento de la ex presidenta Jeanine Añez. Foto: El Intransingente

Por: María Josefina Arce

Toda una historia han tejido en estos meses familiares, defensa y opositores políticos sobre la falta de atención a la salud de la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, quien guarda prisión preventiva en el penal de Miraflores, en La Paz,  por el caso del  golpe de estado de 2019 en Bolivia y su toma del poder de forma inconstitucional. Sin embargo, informes de distintos organismos han desmentido toda la trama ideada.

En los últimos días con total transparencia la Oficina de la ONU sobre los Derechos Humanos pudo conocer sobre la situación de Áñez, en huelga de hambre. La comisión de la ONU reconoció que el gobierno y autoridades penitenciarias han respetado su decisión. Los expertos apuntaron que no se ha producido ninguna acción de alimentación o tratamiento forzado.

En todo momento se ha velado por la integridad de la autoproclamada mandataria. Ya en octubre de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el gobierno del presidente Luis Arce ha tenido en cuenta siempre la salud de la detenida y rechazó la solicitud hecha por la defensa de medidas cautelares, ante supuestas amenazas, agresiones y la falta de acceso a un tratamiento médico adecuado.

Lamentablemente no tuvieron igual consideración y respeto  las numerosas víctimas del golpe de estado contra el entonces presidente Evo Morales. Como muchos familiares  señalan a  Áñez se le tienen en cuenta sus derechos, puede recibir la visita de sus allegados y cuenta con abogados encargados de su defensa, a ellos les queda llorar a sus muertos por la violenta represión desatada por las autoridades golpistas.

Escudado en el pretexto de un supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2019, en las que fue reelecto Morales, el golpe de estado sembró el caos y la inestabilidad política en la nación suramericana. Decenas de muertos, cientos de lesionados y cerca de dos mil detenidos provocó la acción anticonstitucional que solo tenía el objetivo de apropiarse del poder. Diversos estudios y análisis de expertos evidenciaron que en los comicios no se registraron irregularidades, como esgrimieron los golpistas, apoyados por la OEA, Organización de Estados Americanos.

Las fuerzas de seguridad perpetraron graves violaciones de los derechos humanos, se realizaron ejecuciones extrajudiciales y se recurrió a la tortura,  al tiempo que se registró violencia sexual y de género.

Conocidas también son las masacres de Senkata, en El Alto, y de Sacaba, en Cochabamba, efectuadas con cuatro días de diferencia. La brutalidad policial contra manifestantes opuestos a la asonada golpista dejó 20 muertos y unos 200 heridos.

Pero las acciones contra los bolivianos continuaron tras la llegada de la COVID 19. Pésima fue la gestión del gobierno de facto, encabezado por Áñez, ante la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. El país registró altos índices de contagiados y fallecidos.

Por demás, también salieron a la luz actos de corrupción como la compra a sobreprecio de 170 ventiladores pulmonares destinados a las unidades de cuidados intensivos y que no tenían las condiciones requeridas para tratar a los enfermos.

Los golpistas nunca pensaron en la salud de los bolivianos. Rechazaron incluso, la ayuda ofrecida por Cuba para dar atención médica a los contagiados con el virus. Recordemos que tras el golpe persiguieron y expulsaron a los especialistas cubanos que habían ayudado a mejorar los índices sanitarios de la nación bajo el mandato del MAS, Movimiento al Socialismo.

A diferencia de Áñez y los demás golpistas, el gobierno constitucional de Luis Arce si se preocupa por la observancia de los derechos humanos de cada boliviano, sin importar sus preferencias políticas.